PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 6 de junio de 2026.- El caso del vertido ilegal de sargazo en un predio ubicado frente al fraccionamiento La Toscana podría estar relacionado con una red de volquetes que operan fuera de la normatividad y sin controles oficiales para el manejo de residuos, informó la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Julieta Martín Azueta.
La funcionaria explicó que las investigaciones realizadas hasta el momento apuntan a la existencia de unidades que prestan servicios de transporte de sargazo sin contar con la documentación obligatoria, como manifiestos de traslado, rutas autorizadas o destinos finales registrados.
Asimismo, señaló que muchas de estas unidades tampoco portan placas visibles, logotipos o elementos de identificación que permitan conocer a qué empresa pertenecen, lo que dificulta las labores de supervisión y seguimiento por parte de las autoridades.
Martín Azueta indicó que, hasta ahora, no ha sido posible localizar el volquete responsable de arrojar el sargazo en el predio donde se registró el incidente que recientemente se viralizó en redes sociales.
Tampoco se ha logrado identificar a la empresa que contrató el servicio para el traslado de la macroalga, ya que este tipo de actividades debe ser reportado y autorizado por las instancias ambientales correspondientes.
La funcionaria recordó que el manejo y disposición final del sargazo se encuentra regulado, por lo que las empresas que participan en estas labores están obligadas a informar sobre los sitios autorizados para su depósito.
Añadió que incluso se desconoce si las unidades involucradas podrían provenir de municipios vecinos como Puerto Morelos o Tulum, donde anteriormente se detectaron casos similares relacionados con el traslado irregular de sargazo.
Como antecedente, recordó que en años anteriores fueron identificados volquetes que depositaban la macroalga de manera clandestina en zonas cercanas al camino que conduce a la comunidad de Uxuxubi, presuntamente procedentes de la zona costera de Tulum.
Para la titular de Servicios Públicos, algunas empresas optan por contratar transportistas irregulares debido a que representan una alternativa más económica, aunque incumplan con los procedimientos establecidos por la normatividad ambiental.
Finalmente, señaló que corresponde principalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) fortalecer la vigilancia y supervisión para evitar que este tipo de prácticas continúen afectando al municipio.
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