CHETUMAL, Quintana Roo, 29 de septiembre. – Todos los que salieron con millonarias observaciones no solventadas en los municipios de Solidaridad, Isla Mujeres, Puerto Morelos y hasta el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo deberán “resarcir” los daños que hayan generado a la hacienda pública, pues no se puede hablar de combate a la corrupción, si los presuntos infractores no son sancionados, expresó el diputado Julián Ricalde Magaña en relación a la fiscalización de la Cuenta Pública 2021.
El diputado Presidente de la Comisión de Turismo, destacó que la Aseqroo ya tendrá “luz verde” para emprender las denuncias correspondientes, pero más allá de luchar con la impunidad, los ex funcionarios de gobierno deberán resarcir el presunto daño al erario público sea quien sea.
“Al parecer esto es la última instancia tendrán que hacerse acciones resarcitorias para que se les devuelva a los municipios, porque el dictamen va dirigido a varios ayuntamientos, Laura Beristain, Juan Carrillo, Laura (Laura Fernández Piña), y en lo que toca al tema del CPTQ, Darío Flota tendrán que aclarar estos faltantes”, indicó.
Y subrayó, “La Auditoría tendrá que poner las denuncias, y que este Tribunal de Justicia Administrativa resuelva, porque esa es otras cosa este tribunal es de los más improductivos que hay, y no se puede hablar combate a la corrupción si no hay infractores sancionados”.
Luego de que la Auditoría Superior del estado presentará el Informe General De La Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, en la que expresidentes municipales de Solidaridad, Isla Mujeres, Puerto Morelos y hasta el Consejo Promoción Turística de Quintana Roo entre otras 16 entidades gubernamentales no comprobaron el ejercicio de recursos públicos.
Por otro lado, en cuanto a las afectaciones al turismo por los ataques armados a restaurantes de Cancún y Playa del Carmen, el diputado expresó que es imposible continuar con una estrategia de seguridad similar a la “anterior” o la nacional, pues se diga lo que se diga es evidente que es un fracaso.
Reconoció que mientras la ciudadanía e iniciativa privada no presenten las denuncias correspondientes, la impunidad prevalecerá en todos los casos. Sin embargo, todas las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia deberán aplicar mano dura contra la delincuencia.