CANCÚN, Quintana Roo, 02 de Julio. –Durante la vigésima sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Benito Juárez aprobó el Programa de Regularización sobre la Tenencia de la Tierra, una iniciativa que busca otorgar certeza jurídica a más de 80 mil ciudadanos de Cancún que durante décadas han vivido sin escrituras en regiones como la 77, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103 y 235.
La presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña explicó que el programa será ejecutado por el Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial, organismo descentralizado creado en 2024 tras la desaparición del INVICRO, con el objetivo de atender el rezago en la escrituración de lotes habitacionales.
“Es poner en valor la vivienda de miles de cancunenses y que puedan acceder a una vivienda segura, digna y con certeza jurídica”, afirmó la alcaldesa.
Desde 1991, el municipio y el Instituto de Vivienda del Estado habían firmado un convenio para la entrega-recepción de predios en estas regiones, pero la falta de continuidad administrativa dejó miles de trámites inconclusos, afectando a generaciones completas.
Como parte del acuerdo aprobado, se contempla la firma de convenios de colaboración, la condonación de pagos por cartas de liberación y servicios catastrales, además de estímulos fiscales del 100% en multas, recargos e impuesto predial, con el fin de facilitar el acceso a la propiedad.
Peralta de la Peña calificó la aprobación como un acto de justicia social y un paso histórico en la transformación del municipio.
“Hoy estamos haciendo historia. Colonias que durante 30 o 40 años no estuvieron regularizadas, hoy tendrán certeza de dónde viven”, declaró. “Es el legado de los gobiernos de la Cuarta Transformación: acabar con el rezago, entregar títulos y garantizar el bienestar del pueblo”.
Asimismo, se instruyó a la Dirección de Catastro Municipal a rendir informes periódicos sobre el avance del programa y el estatus legal de los lotes involucrados.
En la misma sesión, el Cabildo también aprobó una iniciativa de decreto para habilitar lactarios en diferentes oficinas municipales, como parte de una política institucional con enfoque de género y derechos laborales.