COZUMEL, Quintana Roo, 6 de enero.- El Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la concesión a la empresa “Muelles del Caribe, S.A. de C.V.”, para construir el cuarto muelle de cruceros, otorgada por el Ejecutivo Federal por conducto de la SCT.
Adrián Villegas Jiménez, investigador y miembro de la Red de Liderazgo del Sistema de Arrecifes Mesoamericanos, así como el biólogo Germán Méndez del Castillo, revelaron que el sitio en el que se presente edificar el muelle hay corales y manglares, y es una zona de restauración que cuenta con una autorización por parte de la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales para la protección de corales de la especie Corporal Palmata, y que no fueron manifestadas por el promovente en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Ambientalistas como Guadalupe Álvarez Chulin, presidenta de Cielo, Mar y Tierra, A.C., argumentan que no se tomó en cuenta la opinión técnica de la representción de la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas (Conanp), que lo considera ecológicamente inviable.
La empresa promovente, de acuerdo con el documento del Diario Oficial, tiene un período de dos años, contados a partir de la publicación de la concesión para iniciar el proyecto en el que se pretende invertir 335 millones 71 mil 74 pesos.
El representante legal es José Enrique Molina Casares, empresario cuya familia tiene la concesión de operación del muelle de cruceros Punta Langosta, y es propietaria de los consorcios navieros de carga y pasajeros Transbordadores del Caribe y Winjet.
Según los opositores del proyecto, sólo se ocupó el 53% de la capacidad en el año 2019, previo a la pandemia, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur).
Adrián Villegas destacó que el promovente justifica el proyecto con el argumento de la necesidad de un cuarto muelle para recibir más barcos.
Sin embargo, el especialista rebatió esa tesis al asegurar que Punta Langosta y el Muelle Internacional SSA México no rebasan el 40% de ocupación por espacio de seis meses. Punta Langosta es operado por el consorcio propiedad de la familia Molina.
En la última manifestación en contra del muelle, Germán Méndez recalcó que hay serias irregularidades y el promovente mintió en la MIA, lo que configura un delito al omitir información.
Ambos investigadores coincidieron en señalar que la Semarnat actuó de manera irregular y omisa, debido a que en el estudio que hizo no se contempla de manera adecuada esta situación, y que los comentarios en contra que se hicieron durante la consulta pública no fueron tomados en cuenta en el procedimiento de evaluación.
Con información de Novedades Quintana Roo
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