ISLA MUJERES, Quintana Roo, 02 de marzo de 2026.– La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, obtuvo la vinculación a proceso de un hombre por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de una víctima de identidad reservada. Asimismo, cumplimentó una orden de aprehensión contra otro sujeto por hechos similares.
El ahora procesado fue identificado como José Alfredo “N”, investigado por hechos ocurridos el 18 de febrero del presente año, cuando presuntamente acudió a un local ubicado en zona de playa, frente a un hotel en Costa Mujeres, para exigir a la víctima el pago de 450 dólares por concepto de “derecho de piso”.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado habría amenazado al afectado con “levantarlo” y agredirlo físicamente si no entregaba el dinero. Ante el temor, la víctima realizó el pago; sin embargo, al percatarse de la presencia de una patrulla policial en las inmediaciones, solicitó apoyo a los agentes, quienes detuvieron al sujeto en flagrancia.
En audiencia, un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva por dos años o el tiempo que dure el proceso judicial.
Por otra parte, Policías de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Israel “N”, alias “El Anillo”, señalado de presuntamente cobrar “derecho de piso” a 26 taxistas de sitio en el municipio de Benito Juárez.
Las indagatorias refieren que desde octubre de 2024 exigía 200 pesos semanales a los conductores, cuota que en noviembre aumentó a 300 pesos, permitiéndoles operar en una terminal de autobuses. Posteriormente, el 26 de diciembre de 2025, les habría informado que debían pagar 200 pesos adicionales, lo que generó inconformidad entre los afectados.
Tras la denuncia correspondiente, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada entre las avenidas Uxmal y Tulum. El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió, quien determinará su situación jurídica dentro del término constitucional.
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