La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) que ha encendido las alertas entre especialistas. La propuesta, presentada el 19 de marzo, modifica el artículo 2, fracción XXIV Bis, para redefinir el concepto de “gasto corriente estructural”, incorporando en esta categoría los programas sociales universales con respaldo constitucional y los servicios personales vinculados a educación, salud y seguridad pública.
Aunque el gobierno federal asegura que se trata de un ajuste técnico, analistas como Mario Di Costanzo advierten que la medida busca “maquillar” la situación financiera real del país. En redes sociales, el experto señaló que al excluir estos rubros del gasto corriente se reduce artificialmente el déficit y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), justo en un momento de alta presión sobre las finanzas nacionales.
La reforma no elimina dichos gastos del presupuesto, pero altera el indicador que utiliza el Congreso para evaluar la disciplina fiscal y el límite de endeudamiento, lo que ha generado críticas por una posible opacidad en la rendición de cuentas.
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— Saber Político (@saberpolitico) March 20, 2026