CANCÚN, Quintana Roo, 29 de abril de 2026.- La aprobación del llamado “Plan B” en materia electoral no provocará cambios inmediatos en la operación de los municipios de Quintana Roo ni en el presupuesto del Congreso local, aunque sí abre la puerta a ajustes si existe voluntad política.
Así lo consideró Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, quien explicó que uno de los puntos centrales de la reforma corresponde al artículo 115 constitucional.
Detalló que dicho apartado establece un límite de hasta 15 regidores por municipio; sin embargo, un artículo transitorio permite que los ayuntamientos conserven su integración actual si así lo determinan.
Esto significa, dijo, que no habrá reducción automática en cabildos como el de Playa del Carmen u otros municipios del estado, a menos que exista una decisión política expresa.
Galaviz Ibarra sostuvo que el impacto real dependerá de la disposición de cada gobierno municipal para disminuir estructuras y costos administrativos.
Respecto al artículo 116 constitucional, señaló que fija un tope equivalente al 0.7 por ciento del presupuesto estatal para el Poder Legislativo.
En Quintana Roo, esta medida implicaría potencialmente un recorte cercano a 180 millones de pesos para futuras legislaturas, aunque tampoco tendría efecto inmediato.
No obstante, consideró que el Congreso local sí podría adoptar desde ahora medidas responsables de austeridad y reducir voluntariamente su gasto.
Añadió que esos recursos podrían redirigirse a rubros prioritarios como salud, infraestructura o seguridad pública.
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