Durante la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó casi en fast track una serie de reformas impulsadas por el bloque oficialista.
Las modificaciones a las iniciativas han prendido las alertas de la oposición, periodistas, organizaciones civiles y exfuncionarios por su ambigüedad, no atender asuntos de fondo como la injerencia del crimen organizado y alargar, innecesariamente a los magistrados del Tribunal Electoral.
Los cambios además se dan en una coyuntura donde hay tensión con el gobierno de Estados Unidos ante las acusaciones que presentó contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios por presuntos vínculos con el narco; además de una batalla con la gobernadora Maru Campos tras un operativo en donde habrían participado agentes de la CIA en territorio mexicano.
Injerencia extranjera: redacción ambigua que evade al crimen organizado
Con 307 votos a favor y 128 en contra en San Lázaro, se aprobó la reforma al artículo 41 constitucional, que incluyó la nulidad de las elecciones por injerencia extrajera, a esta votación sumaron muchas voces críticas por la ambigüedad que representa su redacción.
Entre las críticas resalta la del exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien puntualizó que se avala anular elecciones por intromisión extranjera, “pero se evade anularlas por la intromisión interna del crimen organizado”.
La diputada morenista y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había rechazado el proyecto de la reforma al considerarla “una norma abierta que no establece con precisión su contenido y alcance”.
Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, calificó la reforma como innecesaria y dijo lo preocupante es que abre la puerta a la nulidad abstracta, la discrecionalidad política y posibles mecanismos de censura.
Por su parte, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que es una reforma que apela más a la “retórica” que práctica , y que abre la puerta a la arbitrariedad para anular elecciones, además que su redacción vaga y ambigua que no queda claro lo que se entiende por “intervención”.
Comisión verificadora: Una simulación ante el narcotráfico
También el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, como el mismo Ugalde lo señala, “no soluciona el problema de fondo: las acciones directas del crimen organizado en las elecciones, como la imposición y asesinato de candidatos, así como el robo de casillas”.
En la discusión, la diputada priista Abigail Arredondo Ramos, señaló que pese a que su partido está de acuerdo en evitar que lleguen personas vinculadas al crimen, indicó que no avalarían la creación de este Comité porque a su parecer, estará conformado por personas que posiblemente protejan a candidatos vinculados al partido en el poder, con nexos con el crimen organizado y por lo tanto no serían denunciados.
Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, señaló que la iniciativa era una “mala propuesta”, ya que se involucra al INE en tareas que no son su competencia y para la que no cuenta ni con atribuciones ni con herramientas como las funciones de investigación; asimismo consideró muy delicado que pase por las instancias de seguridad, debido a que se puede prestar para un uso político. Finalizó que quienes realmente deben ser realmente responsables a quienes candidatean son los partidos políticos.
Reelección de magistrados
Otra de las iniciativas que se avaló y que generó polémica fue la reforma con la que se aplaza para junio de 2028 la reforma judicial; pero sorpresivamente se aprobó una reserva que permite que los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan reelegirse y estar hasta 17 años en el cargo.
Dicha reserva, elaborada por Sergio Gutiérrez Luna y Guillermo Santiago, generó tensión en la bancada morenista. El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, manifestó su “rechazo absoluto” a la propuesta.
Esta reserva, permitiría que los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez pudieran reelegirse hasta 2034. Los tres primeros magistrados han sido mencionados como afines a la 4T.
El propio Ugalde expresó que contrario al discurso de Morena de “limpiar y renovar al Poder Judicial” de última hora se permite que magistrados electorales puedan reelegirse hasta 2033, permitiendo que estén más de 10 años en el cargo, “con la obvia intención de controlar al Tribunal Electoral”.
Mientras que Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, señaló que el oficialismo ha captado a la institución y señaló la decadencia en la que ha entrado el Tribunal “la máxima instancia de la justicia electoral sirve para destruir la democracia y politizar la justicia en beneficio del poder y las propias magistraturas”, indicó.
El consenso de los especialistas es claro: más que una mejora al sistema electoral, el ‘madruguete’ legislativo parece haber construido un andamiaje legal para que el poder decida, desde el escritorio, lo que no pueda ganar en las urnas.
Fuente: Politico mx
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