La jueza federal Katherine Polk advirtió que la “evidencia es abundante” en la acusación que el gobierno de Estados Unidos ha hecho en contra de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
El general retirado es uno de los diez personajes públicos de Sinaloa, entre funcionarios y ex funcionarios, incluido al gobernador Rubén Rocha Moya, que el gobierno de Estados Unidos ha acusado de tener vínculos para operar a beneficio de la facción de “Los Chapitos”.
El gobierno de México ha argumentado que Estados Unidos no ha aportado a la administración federal las pruebas suficientes para poder procesarlos, como ha solicitado la administración de Donald Trump al demandar su extradición.
Gerardo Mérida Sánchez fue señalado por las autoridades estadounidenses de recibir sobornos mensuales de la facción del Cártel de Sinaloa para recibir información sobre los operativos.
Este 1 de junio, el exsecretario de Seguridad estatal compareció ante la corte y afrontó las acusaciones de la jueza Katherine Polk.
“La evidencia es abundante”, refirió sobre las pruebas que hay en la acusación en su contra.
Por ello, dio un plazo de 60 días para volver a comparecer en lo que revisan las pruebas que se han presentado y las opciones que tiene para el juicio. Según reportes, la audiencia tuvo un retraso pero fue un encuentro breve.
Según la acusación del Departamento de Justicia, Mérida Sánchez recibió sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” —identificados en el expediente como Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López— a cambio de información sobre operativos contra laboratorios clandestinos de droga.
Se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024, durante la administración de Rocha Moya.
La acusación formal contra Mérida Sánchez forma parte del expediente S9 23 Cr. 180, novena ampliación presentada el 29 de abril de 2026 por el Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York ante la jueza Polk Failla.
El caso, desclasificado conjuntamente por Clayton y el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, señala que los diez acusados —entre ellos el propio Rocha Moya, el senador por Morena Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil— conspiraron con “Los Chapitos” para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, a cambio de apoyo electoral y millonarios sobornos.
Los cargos contemplan penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua para la mayoría de los imputados.
Mérida Sánchez fue el primero de los diez acusados en entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, al cruzar hacia Arizona desde Hermosillo el 11 de mayo de 2026, y fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York
Sheinbaum insiste que no hay pruebas
La presidenta Claudia Sheinbuam ha dudado en repetidas ocasiones de la veracidad de las acusasiones en contra del gobernador con licencia, Rubén Rocha, y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, al señalar que el gobierno estadounidense no envió pruebas suficientes para actuar.
Apenas el pasado 28 de mayo, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria detalló que autoridades estadounidenses enviaron una solicitud de detención urgente con fines de extradición contra 10 mexicanos, incluidos el gobernador, un senador y un alcalde, entre otros, pero que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que “no hay suficientes pruebas”.
“Tenemos derecho a dudar y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes”, declaró la mandataria al defender la postura del gobierno federal.
La presidenta señaló que si bien la FGR abrió una investigación propia sobre el caso Sinaloa, insistió en que cualquier acción debe sustentarse en pruebas y conforme a las leyes mexicanas: “No es porque cualquiera venga a decir ‘cometió un delito’, entonces actúas”.
Fuente: Grupo Animal
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