CANCÚN, Quintana Roo, 25 de junio de 2026.- Las denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género deben investigarse y sancionarse con seriedad, pero también revisarse con rigor para evitar que esta figura sea utilizada de manera incorrecta, señaló Daniel Gutiérrez Rubalcaba, presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales.
De cara al próximo proceso electoral, explicó que toda conducta que pudiera constituir violencia política de género debe analizarse conforme a los criterios establecidos en la legislación electoral y penal, a fin de determinar si realmente existe una agresión basada en el género de la persona afectada.
Gutiérrez Rubalcaba advirtió que en los últimos procesos electorales esta figura ha sido politizada en algunos casos, al utilizarse como una especie de “escudo mediático” frente a críticas o cuestionamientos públicos.
“Desgraciadamente se está politizando el tema de la violencia política en razón de género como un tipo de escudo mediático para no recibir críticas”, señaló.
El presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales sostuvo que las autoridades deben distinguir entre una crítica al desempeño público de una servidora pública y una conducta que busque limitar, menoscabar o anular sus derechos político-electorales por razones de género.
En ese sentido, precisó que no toda crítica dirigida a una mujer que ocupa un cargo público constituye violencia política de género, por lo que cada denuncia debe ser revisada con elementos objetivos y bajo los criterios legales aplicables.
También reconoció que la violencia política contra las mujeres es un problema real que afecta el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, por lo que las autoridades están obligadas a prevenirla, investigarla y sancionarla cuando se acredite.
El Instituto Nacional Electoral establece que la violencia política contra las mujeres en razón de género puede afectar el derecho de las mujeres a votar, ser electas, ejercer cargos públicos o desarrollarse en la vida política, partidista o institucional.
Gutiérrez Rubalcaba señaló que el mal uso de esta figura no es exclusivo de Quintana Roo, sino que se ha presentado en distintas partes del país, lo que obliga a las instituciones electorales y ministeriales a actuar con mayor precisión.
Finalmente, indicó que las autoridades pueden iniciar investigaciones cuando existan elementos que hagan presumir la comisión de estas conductas, pero insistió en que los casos deben analizarse con seriedad para proteger tanto los derechos de las mujeres como la libertad del debate público.
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