Ante el bajo registro obligatorio de las líneas de telefonía celular que no llega ni a 50%, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga extendida y escalonada para el registro hasta el 31 de diciembre.
En un comunicado, la CRT detalló el calendario para que, entre agosto y diciembre, cada usuario realice la vinculación de su línea ante su empresa telefónica.
Reconoció que de las más de 144 millones de líneas telefónicas de celular sólo se han registrado 63 millones —40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago—, por lo que faltan más de 81 millones de líneas por registrar.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones explicó que la prórroga del registro telefónico no será igual para todos, puesto que dependerá del último dígito del celular, según el siguiente calendario:
Líneas de celular con número de terminación “0” tendrán hasta el 15 de agosto para registrarse; los que acaben con 1, hasta el 31 de agosto. Con el número 2 la fecha límite será el 15 de septiembre; para el 3, el 30 de septiembre. Si la terminación de la línea es 4, la prórroga vencerá el 15 de octubre y el número 5, el 31 de octubre. Para el número 6, el 15 de noviembre; si es el 7, será el 30 de noviembre. El número 8 tendrá hasta el 15 de diciembre y el 9 hasta el 31 de diciembre.
“Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo”.
La CRT aseguró que con esta medida México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países.
“Por seguridad de todos, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”.
Gobierno falló en informar: expertos
David Saucedo, experto en seguridad, advirtió que en este registro de celulares el gobierno tuvo muchas fallas en comunicar a la población el objetivo y que registrara su línea telefónica.
El también consultor y analista político alertó que el crimen organizado ya se anticipó a este registro y vende en el mercado negro chips prerregistrados de forma ilegal con los datos de otra persona.
“El gobierno federal tuvo fallas en la instrumentación de la medida: en primer término, el tema comunicativo. Me parece que el gobierno federal invierte muchos recursos en publicidad, pero en este caso creo que estuvo por debajo de la expectativa en materia de comunicación. No tuvo una campaña en donde explicara y diera a conocer y disuadiera a los usuarios para hacer el registro telefónico correspondiente”, afirmó.
Anahiby Becerril, especialista en ciberseguridad, protección de datos y gobernanza digital, señaló que el registro obligatorio de líneas telefónicas por sí solo difícilmente resolverá un fenómeno tan complejo como la extorsión.
“El registro puede ser un insumo para las investigaciones, pero no debe confundirse con una estrategia integral de seguridad. Hoy la delincuencia organizada utiliza identidades robadas, líneas extranjeras, plataformas digitales, servicios de voz sobre IP e incluso identidades sintéticas, por lo que la respuesta también debe fortalecer la investigación criminal, la inteligencia, la cooperación nacional e internacional, las capacidades forenses digitales y la persecución de las redes delictivas”.
Respecto a la baja participación en el registro, Becerril explicó que también existe un componente de confianza institucional.
“En los últimos años hemos observado incidentes de exposición de bases de datos tanto públicas como privadas. Es natural que las personas se pregunten quién tendrá acceso a su información, durante cuánto tiempo será conservada, para qué finalidades podrá utilizarse y qué mecanismos existen para protegerla. La confianza digital es un elemento indispensable para cualquier política pública de esta naturaleza”.
Agregó que el análisis también debe considerar el artículo 6 de la Constitución, que establece el deber del Estado de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, por lo que las medidas de seguridad deben buscar un equilibrio entre el combate al delito, la protección de los datos personales y el acceso efectivo a los servicios digitales.
José Torres, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), señaló que ha existido una incapacidad del gobierno de explicar las razones detrás de esta medida, y esta prórroga, indicó, debería ser aprovechada por la ciudadanía para exigir que haya mayores medidas de seguridad y más claridad en los mecanismos de desvinculación.
“Sobre todo, impulsar medidas de transparencia, La Comisión Reguladora y las empresas deben adquirir compromisos de transparencia proactiva”, agregó.
Fuente: El Universal
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