CIUDAD DE MÉXICO, 20 de julio de 2026.- Cuestionada por su cercanía política con el partido en el poder y los gobiernos de la Cuarta Transformación, la figura de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quedó severamente dañada tras la emisión de la reciente recomendación, la 208VG/2026, relacionada con los ataques armados dirigidos a estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, en la que 43 normalistas fueron desaparecidos de manera forzada, seis ejecutados extrajudicialmente y decenas más quedaron lesionados.
Si bien los familiares de las víctimas y sobrevivientes no han confiado del todo en la CNDH como institución, ya que en la primera recomendación, la 15VG/2018, signada por Luis Raúl González Pérez, se validaba la “verdad histórica” construida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Jesús Murillo Karam, la resolución de Piedra Ibarra dada a conocer el 9 de julio provocó una severa indignación y preocupación por el rumbo que ha tomado el organismo por su abierta alineación al régimen y su respaldo irrestricto al Ejército.
Con la exoneración de las Fuerzas Armadas y sin notificarla oficialmente a las víctimas, el 9 de julio último fue divulgada la “recomendación reivindicatoria de la lucha de las víctimas directas e indirectas” de los acontecimientos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, así como de las “deficientes investigaciones” relacionadas con esos hechos.
La resolución está dirigida a autoridades federales, estatales y municipales, como responsables de agravios causados a 92 víctimas de violaciones a derechos humanos como desaparición forzada (40 estudiantes); tortura, de manera particular contra Julio César Mondragón, quien apareció sin rostro; detención arbitraria; tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 46 estudiantes; uso excesivo de la fuerza; ejecuciones extrajudiciales contra seis estudiantes.
Una de las conclusiones que ha desatado descalificaciones severas al organismo público y a su titular es la determinación de que en los hechos “no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de ‘contrainsurgencia’ o estrategia general de los normalistas”, sino que los señalamientos serian actos de “omisión; se refieren a conductas individuales”.
En cuanto a la exigencia al Ejército de entregar más de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), que podrían tener información sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos, la CNDH validó el argumento que ha dado la Sedena de que, de ese universo, 10 están relacionados con el caso y que ya habían sido proporcionados a las autoridades competentes.
“La verdad es que en la pasada y presente administración gubernamental, en todo momento (la Sedena) ha manifestado una plena apertura y disposición para colaborar, reiterando que nunca ha ocultado la existencia de documentos relacionados con el caso, poniendo a disposición invariablemente en cuanto le han sido requeridos”, señala la CNDH en su informe.
La recomendación ha sido criticada no sólo por el deslinde de las secretarías de la Defensa y de Marina, señaladas en la primera resolución de 2018, sino porque arremete contra las organizaciones sociales, en particular contra las que han representado a los familiares de los estudiantes desaparecidos, particularmente al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como contra instituciones nacionales e internacionales creadas para esclarecer el paradero de los jóvenes, como la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Entre quienes reaccionaron destaca Alejandro Encinas Rodríguez, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con Andrés Manuel López Obrador, y presidente de la CoVAJ, así como fundador de Morena.
Desde su nuevo encargo como responsable de la Representación Permanente de México en la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos, el excolaborador de López Obrador divulgó, el domingo 12 último, documentos que confirman la intervención del Ejército vía la infiltración militar en la normal de Ayotzinapa, mediante un soldado con “fachada” de estudiante, Julio César López Patolzin, quien está desaparecido con los demás estudiantes.
El 14 de julio último, Encinas Rodríguez dedicó a la recomendación de Piedra Ibarra su colaboración semanal para el diario El Universal. Bajo el título “Ayotzinapa: nuevo tropiezo”, el funcionario de Claudia Sheinbaum Pardo describió el documento de Piedra Ibarra con “deficiencias técnicas y metodológicas, sesgos narrativos, epítetos, juicios subjetivos, faltando incluso a la verdad, crea una nueva revictimización del caso, haciendo tabla rasa de las investigaciones y desconociendo sus propias posiciones y los avances alcanzados”.
“No existe antecedente de que una institución nacional de los derechos humanos haya sido ampliamente señalada por emitir una recomendación que pareciera colocarse del lado de los presuntos victimarios de un caso emblemático de desaparición forzada”, observó el representante mexicano ante la OEA.
En entrevistas con Proceso, familiares de víctimas de la trágica noche septiembre de 2026, ocurrida en Iguala, Guerrero, ven un endurecimiento del régimen en la estrategia de defensa del Ejército.
Cuitláhuac Mondragón Fontes, tío de Julio César Mondragón, el joven asesinado a golpes y cuyo rostro sin piel se viralizó la mañana del 27 de septiembre de 2014, se sumó a las críticas: recordó que su familia ha señalado al Ejército de haber divulgado las imágenes “macabras” del cuerpo sin vida del estudiante, mismo que habría sido localizado por elementos castrenses, a lo que se suma que los militares tenían bajo su responsabilidad la operación de las cámaras de C-4.
En su recomendación, la CNDH de Piedra Ibarra exime de responsabilidad de los militares bajo el argumento de que “si bien estuvieron enterados de lo que ocurría, por estar presentes en el C-4, el personal militar carecía de facultades legales para intervenir en la situación”.
“Esto va más allá de la indignación, es repugnante, lamentable, burlesco, no hay conceptos para explicarlo. Nosotros hablamos con el general Francisco Gallardo antes de morir, y él nos explicaba que en situaciones en que esté en riesgo la vida de las personas los militares deben intervenir para proteger la integridad humana.
“A Julio César lo tiraron en el callejón del Andariego, donde estaba el C4 y casualmente a esas horas las cámaras voltearon hacia el cielo y sabemos que el C4 era controlado por el Ejército, y casualmente ellos son los que reportan (el hallazgo del cuerpo) y las fotografías y los videos que se tenían en el expediente y que vimos en el juzgado de Iguala, desaparecieron”, sostuvo Cuitláhuac, profesor egresado de una normal rural.
“Es triste esta recomendación, porque estamos hablando de una hermana de una persona que desapareció en 1975, nosotros personalmente conocimos a Rosario Ibarra, mamá de esta fulana, ¿Cómo es posible? Posiblemente cualquier otro servidor que nunca ha sentido este dolor, pues a lo mejor se justifica porque no sintió en carne propia, pero si ellas anduvieron en esa lucha, ¿por qué salen con esta grosería?”, reprobó Cuitláhuac Mondragón Fontes.
Para Mario González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, la recomendación responde a “una línea de la presidenta Claudia Sheinbaum”, ante la cercanía del doceavo aniversario de la desaparición de los estudiantes.
Recordó que la resolución de la CNDH coincidió con la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reabrir una sentencia en firme que data de 2018, en la que un tribunal colegiado de Tamaulipas ordena la creación de una comisión especial para el caso Ayotzinapa, al tiempo que echó abajo la “verdad histórica” y desacreditó testimonios arrancados con tortura, sentencia que fue impugnada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
A ello se suma la negativa de la Sedena de entregar los más de 800 folios para ser incorporados en la indagatoria de la desaparición, pese a que un juzgado de distrito dio la razón a los padres de los normalistas desaparecidos.
“Para mí, la recomendación, desgraciadamente, es un mandado que hizo la CNDH, desgraciadamente es una institución que no tiene dignidad y no es autónoma, tuvo que hacerlo.
“Además lo que dice está plasmado en el libro de (López) Obrador, el desprestigio a los expertos, el desprestigio a los licenciados que nos acompañan, que el Ejército no tuvo nada que ver”, recordó González Contreras al hacer referencia a las memorias del exmandatario sobre su sexenio, titulado “Gracias”.
González lamentó que en el caso Ayotzinapa “nadie quiere tocar ni que se investigue al Ejército”, situación que también habría ocurrido en la anterior administración de la CNDH, de ahí la desconfianza en la institución.
“Nosotros no queremos perjudicar a la institución, sino que se investigue bien al Ejército, al Batallón 27, que ese fue el que participó; el soldado que ahora sacaron (López Patolzin) nosotros ya lo sabíamos que estaba vigilando a los muchachos. ¿Con quién se comunicó? ¿A quién le pasó su reporte? Ahora, ¿cómo sabemos que no está vivo? Tampoco lo sabemos, como tampoco sabemos qué argumentos tiene como para lavarle la cara al Ejército”, cuestionó.
Al lamentar que Rosario Piedra haya firmado la recomendación siendo hermana de una persona desaparecida, Jesús Piedra, e hija de la fundadora del comité Eureka, Rosario Ibarra, Mario González. también criticó que el organismo haya dedicado tiempo y espacio en cuestionar el origen del financiamiento del Centro Prodh.
En el documento la CNDH ubicó a esa organización y a otras cuatro que representan a los familiares de los estudiantes desaparecidos -Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Información y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)- como parte de las Redes Transnacionales de Activismo (RTA), en el que se encontrarían organizaciones civiles nacionales y extranjeras que visibilizaron desde el primer momento la desaparición de los normalistas.
La CNDH cuestionó que como parte de esa “internacionalización del caso Ayotzinapa”, el Centro Prodh haya promovido medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que derivaron en la creación del GIEI, “cuando los organismos de derechos humanos que debieron abordar el asunto eran, en primera instancia, la CDHEG (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero) y la CNDH”.
En la recomendación se le cuestionan al Centro Prodh por su origen jesuita, se sostiene que obedece a una “línea conservadora” de defensa, y se llegan al extremo de cuestionar el origen de su financiamiento para lo que la CNDH hizo una solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para revelar los montos de las donaciones recibidas en 2023 y describir el destino de sus fondos.
Pese a que el Centro Prodh es una donataria autorizada, la CNDH sembró suspicacias sobre sus intereses en la defensa de derechos humanos, al puntualizar que “la mayoría de los recursos que recibió (…) fueron extranjeros”, y destacan lo que la organización sostiene en su página de internet que entre sus donantes están la Ford Fundation y Open Society Foundations de George Soros.
La directora el Centro Prodh, María Luisa Aguilar, consideró preocupante que la CNDH retome la narrativa del Ejército para atacar a las organizaciones sociales como han revelado documentos militares revelados por Guacamaya Leaks.
“Replica muchos de estos mensajes que hemos visto en los documentos de Guacamaya, cuando hablaba de los grupos de presión”, apuntó.
Lo anterior sumado a la falta de cuestionamiento de la CNDH a los argumentos presentados por la Sedena para deslindar a las Fuerzas Armadas de la participación en el caso Ayotzinapa, “a pesar de que hay 17 militares procesados”, ponen en evidencia que la CNDH “está totalmente debilitada, alineada a un proyecto político, y más grave aún, sin ningún tipo de posibilidades de ser un contrapeso para las Fuerzas Armadas”.
En su último informe sobre la actuación de la CNDH, publicado en diciembre de 2025, el Centro Prodh confirmó que bajo el mando de Rosario Piedra la institución “ha perdido toda relevancia en el cumplimiento de su mandato, consolidándose como una institución que, en lugar de velar por los derechos humanos, funge como un mero órgano de respaldo gubernamental”, en un contexto en que la consolidación de la militarización de la seguridad pública.
Tan es así, que de la revisión del Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos (SNA) de la CNDH, el año pasado se registraron 980 expedientes de queja en contra de las Fuerzas Armadas, de los cuales 506 “no se acreditaron violaciones a los derechos humanos”.
El análisis reveló que de 12 recomendaciones dirigidas a las Fuerzas Armadas, una fue general relacionada con el servicio médico al personal militar retirado; cinco sobre hechos ocurridos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; cinco por abusos cometidos en el sexenio de López Obrador y una recomendación por hechos sucedidos en la actual administración.
En su balance, el Centro Prodh resaltó que en el transcurso de 2025 y a hasta los primeros días de diciembre “la institución emitió una recomendación por desaparición forzada, dirigida a autoridades locales del estado de Guerrero, por hechos que datan de 2012”, lo que “hace cuestionar su labor ante el contexto de crisis de desapariciones en el país con más de 130 mil personas desaparecidas”.
Fuente: Proceso
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