CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio de 2026.— El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) le dio la razón a México al emitir el fallo final del arbitraje internacional interpuesto por Calica, filial de Vulcan Materials Company, tras la clausura de sus operaciones y el veto a la extracción de piedra caliza en la costa de Quintana Roo por daños ecológicos.
El arbitraje fue realizado al amparo del T-MEC y la empresa reclamaba que, entre enero de 2018 y 2022, diversas autoridades federales y estatales adoptaron medidas que afectaron la operación de Vulcan en México.
“El fallo final del Tribunal Arbitral emitido el día de hoy desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica, ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado”, explicó el Gobierno de México.
Tras dar a conocer el fallo, México refrendó su compromiso a favor de la inversión extranjera.
“El Gobierno de México analiza detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance. De igual manera, refrenda su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente”, explicó.
El gobierno añadió que defiende el respeto a las reglas y procedimientos contenidos en los tratados internacionales como elemento fundamental “para brindar la certidumbre jurídica que hace posible el desarrollo económico”.
¿Por qué fueron clausuradas las operaciones de Calica en Quintana Roo?
Durante casi cuatro décadas, la compañía extrajo millones de toneladas de material pétreo del subsuelo marino y de la selva para exportarlo a Estados Unidos.
El complejo minero operó bajo concesiones otorgadas por gobiernos anteriores al de Andrés Manuel López Obrador, consolidándose como una de las principales fuentes de agregados pétreos para la construcción en el país norteamericano.
La crisis estalló debido al grave impacto ecológico documentado en la zona, que incluyó la devastación de más de mil 200 hectáreas de selva, la destrucción de cenotes y la alteración irreversible del manto acuífero subterráneo.
Ante esto, el gobierno de México, entonces encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, clausuró definitivamente las operaciones mineras en 2022 por sobreexplotación de los límites autorizados.
Como respuesta, la firma estadounidense inició un arbitraje internacional exigiendo una indemnización millonaria bajo el amparo del T-MEC, alegando que el cierre de su planta constituía una expropiación ilegal de sus activos.
El gobierno federal también decretó los terrenos de Calica como Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, blindando la región contra futuras actividades mineras de manera permanente.
Con información de El Financiero
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