Fernando Morcillo
PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 23 de septiembre de 2026.- Organismos empresariales de la Riviera Maya buscan sumar fuerzas con agrupaciones estatales y nacionales para pedir al Congreso de la Unión que reconsidere el aumento de 35.8% al Derecho de No Residente (DNR) propuesto para 2027, ante la preocupación por el impacto que un mayor costo de entrada al país podría tener sobre la actividad turística, informó José Ramón Cárdenas González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya. La propuesta elevaría la cuota de 983 a 1,334.80 pesos por visitante.
Cárdenas González sostuvo que el planteamiento llega en un momento complicado para la industria turística y consideró que deben tomarse en cuenta las condiciones que enfrenta la conectividad aérea. Desde la perspectiva empresarial, señaló que el incremento de costos que enfrenta la aviación es uno de los factores que han afectado al turismo, por lo que consideró inconveniente agregar nuevas cargas a los visitantes.
Buscan sumar organizaciones antes de recurrir a acciones legales
El dirigente explicó que la estrategia consiste en construir una postura conjunta con organizaciones empresariales de diferentes puntos del país para llevar sus argumentos ante los legisladores federales. El rechazo no se limita a la Riviera Maya: organismos turísticos y empresariales de Quintana Roo también han solicitado que el Congreso evalúe los posibles efectos del incremento sobre la competitividad turística.
Por ahora, el Consejo Coordinador Empresarial descartó emprender acciones legales, debido a que el incremento todavía forma parte de una propuesta que debe ser analizada por el Poder Legislativo. El sector empresarial concentrará sus esfuerzos en el diálogo y en tratar de modificar el planteamiento durante su discusión. La Secretaría de Turismo federal, por su parte, ha sostenido públicamente que el incremento propuesto no afectaría el flujo de turistas internacionales.
Cárdenas González señaló que, si el planteamiento avanza sin modificaciones, los empresarios analizarán posteriormente las alternativas jurídicas disponibles. El dirigente insistió en que la intención inmediata es sumar a “varias organizaciones de aquí” y de otras regiones para plantear al Congreso sus preocupaciones antes de que se tome una decisión definitiva sobre el DNR de 2027.