Ciudad de México, 01 de octubre de 2026.- El reconocimiento como “sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio” de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, plasmado desde 2024 en la Constitución, ha carecido de una correspondencia clara en el ejercicio de los recursos públicos, como se advierte en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), propuesto para 2027.
Con la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que reglamenta el Artículo 2 Constitucional, en espera de ser discutida por el Congreso de la Unión, el Centro de Investigación y Análisis Fundar alerta sobre las inconsistencias presupuestales para esa población y el ejercicio real de sus derechos.
“A pesar de la reforma constitucional de 2024, la cual supone que las comunidades pueden ejercer capacidades jurídicas y administrativas propias, hoy en día existe una distancia entre dicho reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público y la forma en la que el presupuesto se organiza”, se lee en el reporte “El presupuesto como condición de la libre determinación”, que forma parte de un análisis global del proyecto de presupuesto 2027, como cada año realiza la organización.
El documento explica que los fondos públicos destinados a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas están contemplados en el PEF, en el “Anexo Transversal 10. Erogaciones para la implementación del Desarrollo Integral, Intercultural y Sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam).
“Lo que planteamos en este análisis del paquete económico, en este tema en particular, es justo esta brecha entre el reconocimiento constitucional y la forma en la que actualmente se organiza el gasto público, es decir, reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público también implica reconocer su capacidad para decidir sobre los recursos públicos”, abunda Paulina Castaño, investigadora del programa de Justicia Fiscal de Fundar.
Añade que en el Anexo 10 participan 21 dependencias con recursos federales para la aplicación de 95 programas dirigidos a poblaciones indígenas y afromexicanas. Para 2027 se prevén 254 mil 961 millones de pesos, lo que significa un aumento de 4.4% de lo asignado en 2026.
Castaño advierte que el incremento “no significa automáticamente que aumente la capacidad de los pueblos para decidir sobre ese presupuesto”, siendo las secretarías de Bienestar y Educación Pública las dependencias que concentran el 69% de los recursos públicos destinados al Anexo 10.
“Bienestar aporta casi 96 mil millones y Educación Pública 80 mil millones. Entonces, el Anexo 10 lo que nos dice es cuánto se etiqueta para pueblos indígenas, pero también tenemos que preguntar quién decide cómo se ejerce ese dinero”, dice la investigadora.
La característica común de los programas de ambas dependencias es que se trata de transferencias directas a través de distintos programas sociales y becas a estudiantes de niveles básico y medio superior.
En el caso de Bienestar, por ejemplo, del total de recursos, casi de la mitad esta dirigido a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, del orden de más de 46 mil 905 millones de pesos.
Tras recordar que, desde la desaparición del Coneval en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “no son unos programas que tengan como que mucha evidencia de los beneficios para la población”.
A pesar de esos incrementos, en el proyecto de PEF para 2027 se advierten decrementos importantes en los recursos que aportan al Anexo 14 de las 21 dependencias.
El informe de Fundar destaca reducciones importantes en Cultura, con 37% menos recursos que en 2026; Medio Ambiente aportará 62% menos que el año pasado y Relaciones Exteriores con un recorte de 99.6%.
“La reducción el presupuesto de Cultura en más de un tercio es contradictoria, porque el Anexo promete un desarrollo intercultural. El patrimonio cultural, la lengua y la identidad forman parte del corazón de los derechos que la reforma constitucional busca proteger”, resalta el documento.
Entre las caídas importantes destacan los recursos que destinaban las Entidades no sectorizadas, del orden de 40.4%, y que estaban dirigidas a tres programas como la Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia Pueblos Indígenas, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena y Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas. Este último tiene como objetivo “apoyar el desarrollo de identidad comercial y de marca de productos y servicios de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que revitalicen sus prácticas y procesos de producción tradicional”.
Para 2027 la propuesta del PEF también refleja reducciones importantes de los aportes al Anexo 10 de la Secretaría de Salud, del orden de 29.1%, dependencia que contempla fondos para la partería tradicional; y de100% en los recursos de la Secretaría de Economía que estaban destinados a “fortalecer la vinculación con entidades del sector público, privado, académico y social prioritariamente, con los pueblos indígenas y afromexicanos, mediante instrumentos de colaboración para aumentar las solicitudes de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas”.
Paulina Castaño resalta que en el Anexo 10 ocurre lo mismo que en otros anexos, que los presupuestos se “inflan” con programas de transferencias económicas.
“De manera opaca y sin conocer realmente los criterios por los cuales se meten estos programas a estos anexos transversales que inflan los anexos, para que en el discurso oficial se diga que sí se le está destinando recursos a atender a las poblaciones, pero cuando uno se mete de fondo qué programas presupuestarios son los que están dando recursos, pues nos damos cuenta de que sí son las pensiones, sin que se tenga claridad qué me va a beneficiar a las poblaciones o para que las poblaciones y comunidades indígenas puedan llevar a cabo lo que necesitan”, señala Castaño.
En cuanto al FAISPIAM, el informe de Fundar recuerda que ha sido “la principal vía para que actualmente pueblos y las comunidades administren y ejerzan de manera directa su presupuesto”, mismo que se deriva del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que forma parte del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Para este año se estableció de manera obligada destinar el 10% del FAIS al FAISPAIM.
“Para 2027 el total del FAIS va a ser de 144 mil 752 millones de pesos, el 10% de este monto que va para pueblos y comunidades indígenas va a ser de 14 mil 475 millones, lo que representa un incremento del 3.1 en comparación con lo que se le dio para 2026.
“Sin embargo, al dividir estos 14 mil 475 millones entre las 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas que están reconocidas en el actual catálogo nacional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), resulta que a cada comunidad le van a tocar 865 mil 323 pesos al año, para infraestructura que necesiten las poblaciones indígenas, que puede ser mejorar carreteras, mejorar servicios de agua, que realmente es muy poco”, resalta la investigadora de Fundar.
El informe de Fundar advierte que el 10% del FAIS de los recursos que se destinan a pueblos indígenas y afromexicanos “no está incluido en la Ley de Coordinación Fiscal, sino que depende del Decreto de Presupuesto de Egresos de cada año”.
Paulina Castaño resalta que desde hace un par de años Fundar ha propuesto “modificar la Ley de Coordinación Fiscal para crear un fondo específico para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y que tenga una base legal permanente y vinculada a la recaudación federal participable, porque estamos seguros que un derecho no debe depender cada año de una negociación fiscal o presupuestaria”.
“Si las poblaciones indígenas tienen derecho a decidir sobre sus recursos, porque para eso se modificó también el Artículo 2 Constitucional, para garantizar sus derechos, pues ese piso presupuestario necesita estar en una ley, porque si no cada año se va a discutir y ese monto puede cambiar”, apunta.
En el contexto de la consulta de la iniciativa de Ley General entre las comunidades dentro el catálogo del INPI, que arrancó en junio de este año con miras a que la legislación se aprobara el 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural, la investigadora alienta a que el tema presupuestal haya sido un tema de discusión entre las comunidades y que lo siga siendo cuando se ponga sobre la mesa en el Congreso de la Unión.
“Ojalá este tema presupuestario que se está discutiendo ahora en las consultas se considere para modificar y que se modifique la Ley de Coordinación Fiscal, porque si no va a ser un gran problema.
“Se requiere un fondo específico para estas poblaciones para que el presupuesto pueda bajar directamente; lo que vemos es que modificar la arquitectura del gasto para que los pueblos puedan participar en la definición de sus prioridades, acceder directamente a recursos y administrarlos conforme a sus propias instituciones, eso es lo que tiene que cambiar, lo que tiene que estar en esta ley”, sentencia Paulina Castaño.
Fuente: Proceso