CHETUMAL, Quintana Roo, 17 de enero. – Ante recortes presupuestales, el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, solicitó a los Ayuntamientos del estado, elementos de Seguridad Pública para garantizar la seguridad del personal, jueces y garantizar el resguardo de todos sus inmuebles, informó el Magistrado del Poder Judicial, Heyden Cebada Rivas.
El presidente del Poder Judicial de Quintana Roo puntualizó que la medida se deba a la necesidad de prescindir de los servicios de seguridad privada, ante la reducción presupuestal, será uno de los varios ajustes a los gastos de operación que se realizarán en 2023.
“Estamos haciendo unos esquemas de austeridad, de reducción vamos a eliminar toda la seguridad privada de los edificios, de acuerdo al mandato constitucional vamos a pedir a los municipios que nos apoyen con las policías municipales en él resguardo de las instalaciones y de nuestro personal, debido a lo delicado de los asuntos que se llevan”, explicó.
Indicó que la propuesta presupuestal que presentó para 2023 alcanzaba la cantidad de 800 millones de pesos para poder atender el rezago de contrataciones de personal y homologación de los sueldos de 250 trabajadores, entre ellos jueces que cobran la mitad de lo que estipula el tabulador oficial, pero debido a los ajustes derivados de las acciones de austeridad, el Poder Legislativo aprobó un presupuesto de 693 millones de pesos.
Añadió que la reducción de los 107 millones se reflejará en ajustes para disminuir gastos de insumos, uso de energía eléctrica, agua, combustible, viáticos, gastos personales y otros más.
Reconoció que sin los más 100 millones de pesos que no fueron aprobados habrá afectación en la operatividad, aunque dijo que buscarán sea mínima mediante una reingeniería de áreas, principalmente en la penal y laboral con la optimización del personal.
“El compromiso que hay y es necesario es el apoyo en el tema de salas para poder seguir teniendo audiencia y no se estén dilatando, si hace falta personal sobe todo en el área penales pero lo importante es homologar y dejar de ganar la mitad de lo que deberían ganar por estar en funciones y que tengamos gente sin poder ratificar a pesar de que se han capacitado y estudiado la carrera judicial”, señaló.
Finalmente aseguró que para la homologación salarial de 250 trabajadores se requiere al menos 40 millones de pesos, lo cual seguirá otro año más en rezago y lamentó que en el tema de justicia laboral se siga tomando como un programa aparte del judicial cuando debería estar ya integrado en el capítulo 1,000, además de no tomar en cuenta que con la reforma penal también va ser responsabilidad del poder judicial.