CHETUMAL, Quintana Roo, 19 de abril.- Con 23 a favor incluidos los de la oposición y con la modificación de última hora para regular los criterios en la asignación de escoltas a funcionarios y ex funcionarios públicos, así como una modificación en el artículo 79 para garantizar la paz a través de la policía de reacción, los diputados de la Décimo Séptima Legislatura aprobaron la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para Quintana Roo.
Durante la discusión las diputadas del PAN, Cinthia Millán Estrella, del PRI, Candy Ayuso Achac, y Movimiento Ciudadano Martiza Basurto dejaron claro que la escalada de violencia y crimen organizado en Quintana Roo no requiere de baritas mágicas, y si bien daban su voto de confianza a la ley impulsada por la gobernadora, Mara Lezama serán vigilantes de que se cumpla lo establecido en la Ley.
Mientras durante su intervención el diputado Humberto Aldana Navarro confirmó la revisión en la asignación de escoltas, incluso advirtió que existe un recorte en el número de elementos para los funcionarios que de verdad corran riesgos de seguridad en el desempeño de sus funciones.
De tal manera, la Policía Quintana Roo operará en siete unidades: la preventiva estatal, de investigación e inteligencia, proximidad social, de caminos (dividida a su vez en rural y tránsito), procesal, penitenciaria, de reacción y unidad de Servicios Especiales de Vigilancia y de Escolta.
La Secretaría de Seguridad Pública, cuenta con un presupuesto para 2023 de 2 mil 555 millones de pesos. Pero, con en la nueva ley se contempla una ampliación presupuestal para creación de una universidad para policías, además del fideicomiso millonario creado este año con recursos del Impuesto al Hospedaje, y el Impuesto Sobre Nómina.