Ciudad de México, 02 de mayo. – El gobierno mexicano cuestionó este lunes la filtración del proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte, para invalidar una parte del llamado ‘Plan B‘ de la Reforma Electoral.
Se trata de la primera parte, reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022.
Por medio de un comunicado, Presidencia de la República recordó que los proyectos de sentencia constituyen información reservada, “conformidad con el Acuerdo General número 18/2006, emitido por el Pleno de la SCJN”.
¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal? ¿Con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante? ¿A cambio de qué se entregó la información reservada? La filtración de información ¿afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales? ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información? Son cuestionamientos que la SCJN debe responder al pueblo de México “, cuestionó Presidencia.
Acusó que el actuar de la Suprema Corte fue irresponsable, más que transparente, debido a que el procedimiento judicial está en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno.
Acusó que la filtración viola el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación en materia de imparcialidad; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Código Penal Federal e incluso la Constitución.
La administración de Andrés Manuel López Obrador resaltó que la Suprema Corte no difundió el proyecto de sentencia de forma institucional, sino que lo “entregó clandestinamente a un medio de comunicación”.
Acusó que este acto “contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno, pues los demás ministros no conocían el proyecto que se divulgó ante la opinión pública“.
Presidencia espera la Suprema Corte inicie “la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales”.
El alto tribunal está llamado a ser ejemplo de pulcritud en el desarrollo de los procedimientos judiciales, ya que juzga con rigidez los actos de otros poderes y, al no existir instancia legal que revise su actuar lícito, corresponde al pueblo de México exigir a cada juez el apego irrestricto a la nuestra Constitución y demás leyes que de ella emanan”, sentenció.
Con información de López-Dóriga Digital
