Diversas organizaciones de derechos humanos de México denunciaron la tala ilegal en la sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, y su efecto en el desabastecimiento de agua y el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas que pueblan la región.
A través de la campaña “Lucha, resistencia y bosque“, las organizaciones exigen al Estado mexicano la aplicación de un plan integral de actuación que ponga fin a la tala de los bosques de la sierra, así como a la consecuente espiral de violencia y desplazamientos.
Además, incidió este lunes en una conferencia de prensa la coordinadora nacional en México de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI, por sus siglas en inglés), Citlalli Hernández, la deforestación afecta a la capacidad de los bosques de mitigar el cambio climático.
“Tenemos que aprender de las lecciones de lo que vivimos con la pandemia. Naciones Unidas ya hablaba de la degradación de los bosques como uno de los factores que perturban el equilibrio de la naturaleza y que nos exponen a enfermedades como el covid u otras”, agregó.
Según las denuncias de las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la región, dijo Hernández, el total de madera que se extrae de forma ilegal es muy similar al legal: 1.65 millones de metros cúbicos.
“La tala ilegal, aunque es un fenómeno permanente, se ha agudizado desde 2015. Ocurre porque los que está deforestando son parte de redes de complicidad con funcionarios de distintos niveles del Estado mexicano”, denunció Hernández.
La mayoría de estas actividades, expuso el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Víctor Hugo López, son llevadas a cabo por miembros del crimen organizado, aunque no han determinado a qué grupo pertenecen.
Hay grupos que están estableciendo un control de la sierra para llevar a cabo la tala y han generado desplazamientos forzados, asesinatos, trabajos forzados”, retomó Hernández.
Las comunidades indígenas que habitan la sierra del Tarahumara; los defensores de derechos humanos y del medio ambiente; y los líderes comunitarios son las más afectadas por la violencia derivada de la tala ilegal.
México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas por el clima o el territorio. En 2022, subrayó el secretario de la Red TDT, se registraron 582 agresiones en su contra y 24 asesinatos.
La tala ilegal también tiene una repercusión directa en el acceso al agua, un bien escaso en algunas regiones del norte del país, y en la producción de alimentos.
“La sequía, que causa la hambruna, es consecuencia directa de la tala ilegal. Y es urgente señalar la responsabilidad del Gobierno mexicano”, sentenció la coordinadora del IPRI.
Con información de EFE
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