CIUDAD DE MÉXICO, 19 de octubre de 2026.- Las dos décadas de violencia sistemática que ha padecido México son ya parte de la agenda internacional. La Asamblea General de Naciones Unidas, a solicitud del secretario general, António Guterres, analizará la posibilidad de ofrecer ayuda técnica a México ante la crisis humanitaria que representa la desaparición forzada de personas en el país.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se opone a tal escenario, que será debatido el martes 19, y buscará que los Estados miembros de la ONU rechacen la aplicación de ese recurso.
Esa salida está concebida en el sistema internacional de derechos humanos ante la incapacidad técnica o la falta de voluntad de los países para poner fin a esa práctica considerada por el derecho humanitario internacional como un delito de lesa humanidad.
Con más de 130 mil desaparecidos reconocidos, el Estado mexicano ha intentado evitar este capítulo que coloca al país bajo el escrutinio al que han sido sometidos los países en donde se han perpetrado delitos de lesa humanidad.
El caso de México no tiene precedentes. Por primera vez, el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) propuso llevar el caso a la Asamblea General de la ONU al considerar que la desaparición de personas en el país es una práctica generalizada.
El pasado fin de semana, el gobierno mexicano se dedicó a cabildear en Naciones Unidas bajo el argumento de que la decisión del secretario general de la ONU constituye una excepcionalidad y que excede el mandato del CED.
En su propósito de persuadir a las delegaciones de Naciones Unidas sobre lo que describe como “avances recientes en la búsqueda de personas”, “el diálogo con las familias de desaparecidos”, las reformas legales e institucionales y la cooperación con el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, desplegó en Nueva York a funcionarios de Gobernación, Migración, Seguridad Pública, Fiscalía General de la República y de Relaciones Exteriores.
El gobierno de la presidenta Claudia Shienbaum ha insistido en que las desapariciones forzadas en México no pueden considerarse como delitos de lesa humanidad toda vez que no son cometidos por agentes o representantes del Estado.
Además, que esa práctica ocurrió durante la llamada Guerra Sucia emprendida por el régimen del autoritario PRI y que la “guerra al narcotráfico” decretada por el gobierno de Felipe Calderón y extendida durante el de Enrique Peña Nieto, quedó anulada con la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación, con lo que se han eliminado masacres como la de Acteal, Tlatlaya o Ayotzinapa.
Parciales, esos argumentos dejan de lado lo que numerosos expertos nacionales e internacionales han advertido a partir de lo establecido por el derecho penal internacional: que la desaparición forzada como delito de lesa humanidad puede ser cometida no sólo por agentes del Estado, sino por particulares bajo la aquiescencia de funcionarios; es decir, bajo su consentimiento o aceptación.
Es claramente el caso de la delincuencia organizada, que en el curso del siglo XXI se ha convertido en un poder paralelo al de la autoridad que decide sobre la vida de las personas en México.
Contundentes, las evidencias muestran la inoperancia o falta de voluntad de las instituciones del Estado mexicano para frenar este crimen que afecta no solo a quienes participan de los conflictos armados entre los grupos de la delincuencia organizada, sino a migrantes, menores que son reclutados o grupos específicos, como a las mujeres o a los normalistas de Ayotzinapa.
Aunque el Estado mexicano ha argumentado que tiene en marcha mecanismos institucionales y legales para la búsqueda de personas, para los expertos en derecho humanitario internacional las desapariciones, como un crimen continuado, y la falta de actuación del Estado para perseguir a los responsables constituyen en acumulación un crimen de lesa humanidad.
Con miras a la discusión del caso mexicano en el máximo organismo mundial, Proceso ofrece a sus lectores una serie de textos en los que especialistas explican la relevancia del debate y la oportunidad ante la que se encuentra el país para detener el horror que invade a cientos de miles de personas en todo el territorio.
Ángela Buitrago, Santiago Corcuera, Michael W. Chamberlin, Jacobo Dayán, Ana Lorena Delgadillo, José Antonio Guevara, Jorge Lomónaco, Juan Martín Pérez García y Javier Sicilia, expertos en derecho humanitario internacional o activistas, explican por qué México es considerado como un país donde se cometen crímenes de lesa humanidad.
Su fundamentación se complementa con reportes de las periodistas Gloria Leticia Díaz, Gabriela Sotomayor y Samantha Páez y de diversas coberturas de Proceso sobre diversos crímenes de ese tipo que ahora tienen a México bajo examen de la comunidad internacional.
Fuente Proceso