El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reaccionó ante el nuevo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que clasifica varias obras prioritarias del Gobierno Federal como tema de seguridad nacional.
Por medio de redes sociales, el INAI apuntó que analiza “mecanismos legales para defender transparencia y derecho de acceso a la información sobre obras y proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, ante nuevo decreto del Ejecutivo”.
El presidente López Obrador emitió este jueves por la noche un decreto en el que se apunta que la construcción, funcionamiento y operación de “obras prioritarias” como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y de tres aeropuertos, son seguridad nacional e interés público.
El decreto de López Obrador fue prácticamente una respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México que horas antes había invalidado el decreto del presidente mexicano que declaraba sus obras prioritarias como de “seguridad nacional”, reservaba información e impedía cualquier obstrucción legal para frenarlas.
Este jueves, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), López Obrador publicó el nuevo decreto.
“Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec“, indicó en una primera parte el texto.
“Y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto”, añadió el decreto.
En el fallo previo, la SCJN “declaró inconstitucional el acuerdo del Poder Ejecutivo que declaraba obras y proyectos como de interés público y de seguridad nacional, por transgredir el derecho de acceso a la información”.
La resolución, que se aprobó por una mayoría de 8 ministros de 11, devino de una controversia constitucional promovida por el INAI.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
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