La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplió un año en funciones en el que evadió discutir temas de gran calado, como la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y la interrupción legal del embarazo, entre otros.
Si bien es cierto que los ministros destrabaron los litigios iniciados por el empresario Ricardo Salinas Pliego contra los créditos fiscales que tenía desde hace más de 10 años y han mantenido una agenda cuya prioridad han sido los asuntos de derechos de comunidades indígenas, también lo es que han mantenido paralizada la resolución de asuntos que llegaron al Máximo Tribunal antes de la reforma judicial.
El 1 de septiembre de 2025 la autodenominada nueva Corte inició funciones con mil 471 expedientes que dejó sin resolver el anterior Pleno.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, informó que con corte a junio pasado de esos casos sólo quedaban 56 pendientes por resolver.
Entre esos pendientes se encuentra el de cómo va a cumplir el Poder Judicial de la Federación (PJF) con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado mexicano en la que declaró inconvencional la figura de prisión preventiva oficiosa contenida en el artículo 19 constitucional.
En la anterior integración de la Corte los proyectos que alcanzaron a presentar los ministros apuntaban a que los jueces del país dejaran de aplicar la prisión preventiva de manera automática cuando una persona es imputada por alguno de los delitos previstos en el artículo 19 constitucional.
Sin embargo estas propuestas fueron duramente criticadas por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Consejería Jurídica, entonces encabezada por María Estela Ríos González.
Desde septiembre de 2025 que la nueva integración tomó posesión de la Corte, el asunto fue turnado a la ponencia de la ministra Ríos González que hasta la fecha no ha presentado su proyecto.
Esto, pese a que la asesoría jurídica de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes demandaron al Estado mexicano ante la CorteIDH, solicitó que la exconsejera jurídica de AMLO fuera declarada impedida para participar en el asunto, lo que fue desestimado por sus compañeros en el Pleno.
También los ministros han rechazado discutir el caso del abogado Ulrich Richter, quien exige a Google una compensación de 5 mil millones de pesos por daño moral.
El caso lleva un año en la ponencia del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien tampoco ha presentado su proyecto, pese a que en el litigio todas las instancias legales le han dado la razón a Ulrich Ricther.
Más pendientes
Otro asunto que llegó a la Corte desde antes de que tomara posesión la nueva integración es el que plantea la generación de una jurisprudencia para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda cobrar el doble del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las empresas maquiladoras del país.
El proyecto está en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, quien propone avalar que el SAT cobre el doble del IVA por productos que las maquiladoras reciben en México y que, después de ser maquilado, es entregado en el extranjero para su venta final, pero que en algunas ocasiones se queda en territorio nacional para su venta.
El caso derivó de una contradicción de criterios en la que la anterior integración de la Corte ordenó a todos los juzgados y tribunales federales que tenían en sus manos amparos tramitados por empresas maquiladoras contra el pago doble al SAT, suspender sus resoluciones hasta que el Máximo Tribunal emita la jurisprudencia respectiva.
Sin embargo, a un año de inicio de funciones de la nueva Corte los ministros no han discutido el tema.
También mantiene pendiente la resolución de un crédito fiscal derivado de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro iniciado en 2009.
El proceso de liquidación es administrado actualmente por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (IDEP), antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que en el año 2018 estimó que los adeudos fiscales llegaban a 2 mil 905 millones de pesos.
Este caso se encuentra en la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien hasta el momento no ha presentado proyecto de resolución.
En mayo pasado el ministro Irving Espinosa Betanzo programó la discusión de un asunto en el que proponía ampliar el plazo legal para interrumpir legalmente el embarazo de seis a 12 semanas en el estado de Aguascalientes.
El caso fue objeto de reproches por parte de la Iglesia católica y manifestaciones de grupos provida afuera de la SCJN que pedían incluso reducir el plazo de seis semanas.
Esto provocó que el ministro Espinosa decidiera retirar el proyecto y hasta el momento no ha vuelto a plantearlo.
Fuente: Proceso