CHETUMAL, Quintana Roo, 15 de julio. – Con el propósito de atender el clamor ciudadano de encontrar una solución que ponga freno al incremento desmedido del delito de extorsión, en su modalidad de cobro de derecho de piso, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Gustavo Miranda García propuso aumentar hasta un tercio las penas para las diferentes causales de este delito.
“Cuántos negocios pequeños, medianos o grandes, formales o informales, han sufrido este derecho de piso y han tenido que cerrar su negocio o inclusive se han tenido que ir a vivir a otras partes. Por eso queremos individualizar este delito, que no asumamos que son miembros de una delincuencia tan organizada, o de un grupo del crimen organizado, sino que actuemos contra el individuo que está personalmente exigiendo ese derecho de piso”, detalló.
Para ello, el legislador presentó una iniciativa de reforma al artículo 156 del Código Penal del Estado para que, quienes se ostenten como miembros del crimen organizado al cometer el ilícito y/o quienes trabajen en instituciones que manejen datos personales y se valgan de su puesto para cometer extorsión, se les apliquen penas de 25 a 50 años de prisión.
En tanto que, quienes utilicen medios electrónicos para cometer el ilícito se propone aumentar la pena entre 30 a 35 años.
El “cobro por derecho de piso”, es la modalidad de extorsión más arraigada en nuestro estado, cuya práctica se ha vuelto sistemática y una triste realidad diaria que afrontan muchos quintanarroenses, la cual consiste en la exigencia por parte de los criminales de una “renta o erogación” a cambio de supuesta protección y del no ejercicio de la violencia en contra de la víctima, y que, de no cumplir con lo estipulado o pactado por los delincuentes, se atenta contra la integridad de la víctima o de sus familiares.
De acuerdo con cifras y estadísticas del Semáforo Delictivo Nacional, de 2019 a 2020 existió un incremento del 26 por ciento en la comisión e incidencia delictiva del delito de extorsión, provocando que Quintana Roo se ubicara en el sexto lugar nacional con respecto a las demás entidades con mayor tasa de incidencia del delito en toda la República.
Miranda García explicó que la mayor concentración de los casos de extorsión se encuentra en el norte de la entidad, sin que se cuente con una estrategia unificada para su combate frontal, permitiendo la propagación de los grupos delincuenciales en todas las zonas del Estado, representando no solo un problema de seguridad pública, sino que también una amenaza para el desarrollo y crecimiento económico de Quintana Roo.
Y es que el incremento en la comisión de este tipo de delitos deteriora la seguridad pública y a su vez genera obstáculos para la búsqueda de una mayor expansión económica.
“Por eso es importante que denunciemos. Sé que hay mucho miedo en los quintanarroenses, que a veces nos arriesgamos nosotros y nuestras familias, pero si viene solo, si es uno el individuo que nos está queriendo extorsionar, por favor denunciemos y acabemos con estos cobardes”, finalizó.
