La canciller mexicana, Alicia Bárcena, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, perfilaron la creación de un grupo de trabajo para tratar de retirar la barrera de boyas con sierras que Texas ha instalado para frenar a los migrantes en el río Bravo que separa a ambos países.
En una rueda de prensa conjunta tras reunirse en el Departamento de Estado, en Washington, Bárcena dijo que en el Gobierno mexicano están “muy preocupados” por la instalación de esa frontera dado que “la mayor parte de las boyas” están en territorio mexicano.
Pero también afirmó que están “agradecidos” con la Administración del presidente demócrata Joe Biden por haber presentado una demanda en contra del gobernador republicano de Texas, Gregg Abbott, por dichas boyas.
“Creo que vamos a encontrar una solución. Me voy con un prospecto de mucha esperanza de que vamos a crear posiblemente un grupo de trabajo”, dijo Bárcena, para ver qué pasos seguir una vez se pronuncie la Justicia durante el próximo mes.
Por su parte, el líder de la diplomacia estadounidense dijo que el Gobierno de Estados Unidos cumple con “el Estado de Derecho” y que las acciones legales tomadas por el Departamento de Justicia buscan “retirar las boyas y evitar que se instalen otras boyas”.
“Debemos dejar que el proceso judicial siga su curso. Esta es la forma apropiada de proceder para un país que cumple con el Estado de derecho”, expresó Blinken.
La canciller ha enviado hasta ahora dos notas diplomáticas a Estados Unidos para quejarse por el cerco de boyas y alambre que ha colocado el gobernador de Texas para frenar a los migrantes en el río Bravo (río Grande en Estados Unidos), que separa a ambos países, donde el Gobierno mexicano ha denunciado la muerte de dos personas.
En su primera visita oficial a Estados Unidos, Bárcena también explicó que el centro migratorio que México abrirá en el sureste del país será “temporal”.
La canciller contó que servirá para atender a los migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que se quedaron varados en territorio mexicano cuando Estados Unidos levantó el Título 42, la política de expulsiones usada durante la pandemia de COVID-19.
La instalación, que todavía no tiene fecha ni lugar de apertura, estará gestionada por Naciones Unidas y contará también con servicios consulares de Estados Unidos que evaluarán qué migrantes son elegibles para entrar en ese país.
Aquellos que no puedan ir a Estados Unidos, añadió Bárcena, tendrán opciones para ser “integrados” en México, dado que hay demanda de mano de obra en el sureste del país latinoamericano, aunque también podrán regresar a sus países de origen, con la única excepción de los haitianos por la grave crisis que atraviesa su nación.
Con información de EFE
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