La Fiscalía General de la República (FGR) denunció este viernes irregularidades en la libertad otorgada al exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández.
Por medio de un comunicado, la autoridad señaló que Genaro Antonio Valerio Pinillos, juez Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, en el juicio de amparo 788/2018, concedió la libertad durante el juicio de extradición 1/2017 seguido contra el exmandatario estatal, reclamado por el gobierno de los Estados Unidos de América para llevarle juicio por los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de navíos sin licencia.
La FGR apuntó que al imputado se le condicionó exhibir una fianza por cinco millones de pesos, que le costará el 10 por ciento del monto, “a pesar del evidente riesgo de evasión del buscado, ya que se ha declarado procedente su extradición, misma que el afectado ha dilatado mediante el juicio de amparo, ante lo que el Ministerio Público Federal, está interponiendo el recurso de revisión”.
El exgobernador está acusado en Estados Unidos de establecer junto con su hermano empresas ficticias para robar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas mediante contratos falsos estatales. El sujeto también habría aperturado cuentas bancarias en los Estados Unidos de América por un monto de 300 millones de pesos, utilizando el sistema financiero del propio país, con la finalidad de depositar los fondos públicos robados mediante transacciones basadas en información falsa con la intención de lavar el dinero sustraído.
En enero de 2018, recordó la FGR, otro juez federal aprobó la extradición de Eugenio Hernández a Estados Unidos. En marzo del 2018 el Gobierno de México concedió la extradición, pero en abril del 2018 el Juez de Amparo admitió la demanda en contra del acuerdo que concede su extradición; en esa misma fecha, el Juez concedió suspensión de plano para que no sea ejecutada la extradición y hasta la fecha no ha resuelto el juicio de amparo, a pesar de que han pasado 5 años y ahora le concede la libertad argumentando que no había una prisión preventiva dictada por la autoridad judicial, sin embargo, el juez de amparo lo tenía a su disposición para efectos del juicio, ya que si no existiera ese juicio se le habría extraditado desde el 2018.
Finalmente, la FGR refrendó “una conducta judicial inadmisible que deja en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país, con una garantía ilusoria, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales mediante el saqueo de fondos públicos mexicanos, sólo porque el juicio se ha extendido en razón de las dilaciones provocadas por el propio extraditable y quejoso en el amparo, y por dilaciones del mismo juzgador, que ahora las usa a su favor”.
Con información de López-Dóriga Digital
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