La inadecuada investigación de decenas de miles de casos de desaparición forzada en México provoca una “impunidad casi absoluta” en el país, denunció el comité de la ONU encargado de la lucha contra estos delitos, que también pidió a las autoridades mexicanas mayor transparencia en la materia.
En un informe publicado después de que el comité mantuviera un diálogo con representantes del Gobierno mexicano del 13 al 15 de septiembre, el Comité contra la Desaparición Forzada lamentó “la persistencia de una situación generalizada de desapariciones” en el país, y los limitados avances en la persecución penal de las mismas.
En el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco o Guerrero (donde desde 2014 están en paradero desconocido 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa), el comité advirtió un aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, según el documento.
Este también asegura que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que contabiliza 115 mil 540 personas en esa situación desde 1962 hasta la actualidad, no se ajusta a los estándares internacionales.
En ese sentido, el comité pidió a las autoridades de México que garanticen la transparencia de la metodología usada y “garanticen la fiabilidad de los datos recolectados”, coordinando “de forma independiente e imparcial” el proceso con la Comisión Nacional de Búsqueda.
También subraya la “resistencia de algunas autoridades” a la hora de compartir información con ese registro nacional, o la “poca claridad” sobre la proporción de los casos registrados que podrían corresponder a desapariciones forzadas.
“Se han denunciado casos de revictimización, incluyendo señalamientos contra familiares” acusados de “ocultar el paradero de sus seres queridos”, agregó el informe.
En este sentido, los expertos del comité recibieron denuncias de amenazas, vigilancia, represalias, desapariciones y asesinatos sufridos por familiares de personas en paradero desconocido, sus acompañantes, defensores de los derechos humanos y periodistas que cubrían esos casos.
El informe también lamenta que en muchas ocasiones tienen que ser familiares y allegados los encargados de labores de búsqueda e investigación que deberían competer al Estado.
Y en muchos de esos casos, los familiares a menudo tienen dificultades de acceso a los expedientes de investigación, o han denunciado cierres paulatinos de espacios de participación, prosigue el documento.
Otra crítica es el hecho de que algunas autoridades mantengan la práctica de no registrar una denuncia de desaparición hasta pasadas 72 horas, lo que según el comité impide la búsqueda inmediata de muchas víctimas.
Por otro lado, el informe da cuenta del elevado y creciente número de cuerpos y restos humanos que reciben los servicios médico-forenses mexicanos, desbordados e incapaces de su adecuada identificación y conservación.
Según señala el documento, el 89 por ciento de los más de 53 mil cuerpos y restos humanos almacenados en laboratorios, centros forenses e instalaciones no se identificaron durante el año 2022.
El comité, que visitó México en noviembre de 2021 para analizar los progresos del país en la lucha contra las desapariciones forzadas, sí aplaudió algunos avances, como la creación del Centro Nacional de Identificación Humana en Morelos, que inició operaciones en agosto de 2022.
También elogió la inauguración en enero de 2023 del Laboratorio de Identificación Humana en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, o la publicación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en marzo de este mismo año.
Pese a ello, México sufre “la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones”, resumió el informe.
Con información de EFE
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