CHETUMAL, Quintana Roo, 2 de agosto. – Para evitar posibles obstrucciones o dilaciones en el acceso al derecho a una impartición y procuración de justicia pronta y expedita de las víctimas del delito de extorsión, la Comisión Permanente de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo dio lectura y turnó a comisiones para su análisis, una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado para que, las carpetas de investigación relacionadas con el delito de extorsión se integren debidamente y no sean turnadas a la Federación, pues dicho delito puede ser sancionado en la entidad.
En la sesión número 11, presidida por el diputado Hernán Villatoro Barrios, se dio lectura al punto de acuerdo promovido por el diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
La propuesta detalla que gran parte de las denuncias que se presentan por el presunto delito de extorsión o por “derecho de piso”, son enviadas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por considerar que concurren elementos como la portación de armas y drogas.
Al ser integradas de esta manera, la SEIDO dedica un tiempo procesal considerable el cual es desperdiciado, pues al determinar que el delito de extorsión denunciado no reúne los elementos para ser considerada delincuencia organizada y así ser perseguida por la Fiscalía General de la República, la SEIDO devuelve la carpeta de investigación para su desahogo conducente al ministerio público de la Fiscalía General del Estado.
“Necesitamos que esas carpetas se integran aquí en Quintana Roo y puedan tener un seguimiento puntual; por eso estamos haciendo este exhorto porque muchas veces se hace por desconocimiento; queremos que se integran las carpetas de delito de extorsión aquí, que persigamos a los que están haciendo el cobro derecho de piso aquí, y que seamos los quintanarroenses los que asumamos nuestra responsabilidad”, agregó el legislador.
En la misma sesión, se dio lectura a una iniciativa de decreto por la cual se reforma el artículo 35 y se adiciona el artículo 35 septies a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados Wilbert Alberto Batun Chulim y Hernán Villatoro Barrios, que busca otorgar permisos laborales con goce de sueldo para que las personas trabajadoras puedan someterse a exámenes médicos de prevención del cáncer de mama, cervicouterino, y de detección de cáncer de próstata.
Por otra parte, se dio entrada a una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Quintana Roo, presentada por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, con la finalidad de considerar a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción como órgano público autónomo.