CIUDAD DE MÉXICO. – El grupo mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sorprendió al inicio de la sesión pública solicitando incluir en el orden del día el análisis del desempeño de la presidencia encabezada por el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien acusó un intento de golpe de Estado.
Después de que hace una semana el magistrado presidente los acusó de “votar en manada” y un día después la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lograra que un juez ordenara a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación en contra de Vargas Valdez, hoy el grupo mayoritario de cuatro magistrados y una magistrada sorprendió al solicitar en público que se analice el desempeño del magistrado presidente.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña pidió “someter, en esta misma sesión pública, el punto relativo al análisis de las funciones y desempeño de la presidencia de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
El magistrado José Luis Vargas replicó que esta sesión pública se trata de análisis jurisdiccional y defendió que el funcionamiento del TEPJF está plenamente acreditado.
“Le pediría que nos sometamos a los puntos resolutivos y que esos sean a los que nos avoquemos, no que haya sorpresa que no han sido comunicadas a esta presidencia y, por lo tanto, no puedo someter a consideración hasta no saber a qué se refiere el punto que acaba de citar”, dijo.
Y, tras una hora de discusión, los acusó de crear una mayoría para buscar un golpe de Estado.
“Les pediría que no estén intentando o provocado un golpe de Estado, porque sencillamente no tienen esa función para estar evaluando el desempeño de la presidencia y les recuerdo que ustedes me eligieron para esa función. La presidencia renuncia sólo por una situación de renuncia, y les informo que no es mi intención renunciar, si quieren evaluar mi desempeño pueden hacerlo por escrito y la leeré con mucho detenimiento.
“Están retrasando la función jurisdiccional y permítanme recordarles que eso constituye un delito, y lo que buscan no pueden hacer por una mayoría que han creado. El punto que ha propuesto el magistrado de la Mata no está disposición de este pleno”, advirtió.
Los magistrados Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón, así como la magistrada Janine Otálora, sostuvieron que la petición está apegada a la normativa aplicable y solicitan que se trate una vez que se desahoguen los asuntos jurisdiccionales en lista.
“Que sea en sesión pública para dialogar de frente a la sociedad el desempeño de la presidencia del Tribunal Electoral, no hay otros temas como los que ha dicho la magistrada Soto”, señaló.
Ante la acusación de José Luis Vargas de que los magistrados cometen un delito retrasando la sesión, Indalfer Infante Gonzáles replicó que es él quien estaba ejerciendo esta acción, resistiéndose a someter a votación la solicitud.
“Me parece que estamos discutiendo ya el punto cuando lo que se debe votar es si se debe agregar o no la petición del magistrado De la Mata al orden del día, ya entonces hablaremos si hay o no facultades. El aplazamiento de la revisión de los asuntos se está dando porque se está desviando lo que se señaló, el magistrado De la Mata hizo una petición y se vota sobre esa petición, entonces no tienen caso hacer solicitudes en el pleno si el presidente va a decidir qué somete o no a votación, la presidencia dirige los debates pero los asuntos deben ser resueltos por el propio pleno”, apuntó.
La magistrada Mónica Soto, la única que no pertenece a este grupo mayoritario, salió en defensa del magistrado presidente y alegó que se violentan sus derechos por no haberle informado sobre esta intención.
“Rogaría al magistrado de la Mata si puede retirar su propuesta y que lo veamos en una sesión privada y no obstaculizar en este momento la impartición de justicia, creo que estamos por encima de cualquier diferencia en donde lo único que debemos hacer de manera impecable es la impartición de justicia.
“Lo que sí tengo inconveniente es que una mayoría pudiera afectar mis derechos, no estaría dispuesta a verme sorprendida y creo que la mayoría en este momento no tendrían tampoco intenciones de distorsionar lo que es el ejercicio del voto. No están en posibilidades de obligarme a votar un asunto que no conozco y que no tiene qué ver con nuestra responsabilidad constitucional. Les pido respeto a mi posición de integrante de este pleno, pido que se me trate con igualdad de condiciones y no se discrimine mi derecho a saber”.
Y acusó que “la ciudadanía no tendría por qué estar advirtiendo asuntos que no son de interés público, las diferencias personales son de índole interno; la ciudadanía no tiene por qué ser víctima al ver retrasada la impartición de justicia”.
El magistrado presidente volvió a solicitarle a la mayoría que “ponderen no generar una crisis constitucional al país en este momento, no voy a poner el punto a consideración, ya se los dije. Insistir es desgastar y obstruir a la justicia y eso conlleva responsabilidad”.
Posteriormente, por decisión propia, ordenó que se suspendiera la transmisión pública y se continuara la discusión en privada.
Si el grupo mayoritario insiste en su postura, al final de la aprobación de los asuntos del día se podría analizar una posible remoción del cargo del magistrado presidente.
Las y los magistrados inconformes entregaron un escrito a José Luis Vargas Valdez exigiéndole reanudar la sesión pública en un plazo no mayor a 15 minutos, tras decidir injustificadamente suspenderla.
Fuentes al interior del TEPJF confirmaron a MILENIO que el pleno no está reunido en privado, sino que el magistrado Vargas Valdez decretó un receso para decidir en lo individual si sometía o no a votación el punto. Razón por la que el resto de los magistrados exigen reanudar.
Con información de Milenio