CIUDAD DE MÉXICO. – El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, procesado hace unas semanas por presunto enriquecimiento ilícito, sigue bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presuntas irregularidades en su gestión y en sus finanzas personales que habrían derivado en posibles fraudes y corrupción.
De acuerdo con autoridades federales consultadas por Animal Político los hechos que se indagan van desde posibles desfalcos que ascienden a más de 800 millones de pesos y que no han sido solventados, hasta la mala gestión de una empresa de producción de sal estatal que “destruyó su valor económico” al punto de quedar en riesgo de quiebra.
Por estos hechos la FGR tiene en curso al menos tres carpetas de investigación y se esperan nuevas denuncias en próximas semanas. A partir del 1 de septiembre Guajardo asumirá su rol como diputado federal y obtendrá el fuero que lo protege de acciones penales en su contra.
En caso de que en alguna de las indagatorias se reúna evidencia suficiente para hacer una imputación en contra del exfuncionario, los fiscales responsables tendrán que solicitar al Congreso que se analice la factibilidad de un juicio de procedencia para retirar la protección constitucional al exfuncionario y solo después de ello podrían imputarle algún delito.
Por su parte, Ildefonso Guajardo respondió a este medio que no ha incurrido en irregularidad alguna y que, al igual que en el caso del presunto enriquecimiento por el cual se le procesó, cuenta con elementos de información para esclarecer cualquier señalamiento de las autoridades.
La sal… pérdidas millonaria
Aunque problemas como el bajo precio por el que se obligó a esta empresa a vender la sal a uno o dos compradores exclusivos se originaron en administraciones anteriores, los auditores destacan que correspondía al gobierno darles una solución. El resultado fue una severa crisis y pérdidas cuantiosas.
“En términos de los indicadores de rentabilidad, ESSA no fue rentable; además, destruyó su valor económico por 526 mil 522 millones de pesos, y aumentó su riesgo de quiebra” indicaron los auditores.
Además de la mala gestión comercial, la Auditoría tiene observaciones sin solventar por malos manejos que ascienden a más de 255 millones de pesos en esa empresa, recursos cuyo destino debe ser esclarecido o, en su caso, regresados al erario.
En 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó ante la FGR cuatro denuncias por posibles hechos de corrupción y hasta lavado de dinero en relación con la operación de ESSA. La FGR agrupó los casos e inició una carpeta de investigación que está en integración en contra de los funcionarios que resulten responsables.
Sobre estos hechos Guajardo reconoció que la empresa ESSA operó con baja rentabilidad y estuvo en riesgo de quiebra, pero lo atribuyó a dos razones: malas decisiones sobre el precio de la sal y otros rubros que se tomaron en décadas pasadas, y la corrupción en que incurrió el funcionario que habían designado como director de la empresa, Jorge Humberto López Portillo Basave.
El exsecretario de Economía recordó que fue su propia administración la que denunció penalmente a Portillo Basave por haber comprado una embarcación sin autorización del consejo de la empresa y con un valor muy superior al del mercado. Una operación que causó un desfalco de 8 millones de dólares al erario. Ello sumado a contratos que favorecieron a otra empresa particular en detrimento de Exportadora de Sal.
“Nosotros hicimos acciones para poner orden. Fuimos de las pocas secretarias que presentamos una denuncia por corrupción a un miembro de la propia administración y al final profesionalizamos el proceso para nombrar al director (…) pero recibimos una mala administración y tuvimos un director que inicialmente dispuso de manera incorrecta del patrimonio. Un exfuncionario que hoy está prófugo de la justicia”, dijo Guajardo.
Enriquecimiento y, ahora, fraude fiscal
El pasado 9 de julio un juez federal vinculó a proceso a Ildefonso Guajardo por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito luego de que la Fiscalía General de la República lo acusara de contar con recursos que no reportó oportunamente en sus declaraciones y que no se justifican con sus ingresos.
El caso se inició primero por una auditoría de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que identificó inconsistencias en su situación patrimonial como, por ejemplo, una obra de arte adquirida y no reportada correctamente por el exfuncionario. El caso fue denunciado ante la FGR que, a su vez, localizó una cuenta en el extranjero con un saldo equivalente a poco más de 8 millones 169 mil pesos.
Luego de conseguir que el juez abriera el proceso penal la FGR dio parte de sus hallazgos a la Procuraduría fiscal de la SHCP la cual inició un expediente en contra de Guajardo por una presunta defraudación fiscal como resultado de estas operaciones.
En caso de que dicha procuraduría fiscal corrobore las anomalías relacionadas con estas operaciones se presentaría una nueva denuncia ante la FGR.
Con información de Animal Político