(D.G.) Chetumal, Quintana Roo, 20 de diciembre. – El Instituto de Movilidad encabezado por Rodrigo Alcázar Urrutia no buscará concesionar a un particular la emisión de las licencias de conducir, aseguró la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez.
La funcionaria rechazó que el Gobierno del estado busque concesionar el servicio tras las reformas a la ley de Movilidad que otorga facultades al Imoveqroo para emitir los plásticos en todo el estado, y “devolver” los recursos recaudados a los Ayuntamientos a través de un convenio.
“No es una empresa, lo hará el Imoveqroo, siempre en la ley hay que dejar posibilidades, la idea es que estas licencias es que sean autofinanciables, lo que paga cualquier usuario sirva para que el Imoveqroo prestar el servicio. Pero, hay que prever que ocurriría en algún caso el Imoveqroo no pueda prestar el servicio”, indicó.
Y subrayó, “el objetivo no es ninguna una concesión, no hay intención de que una empresa privada preste el servicio. Los municipios no perderán sus ingresos, aquí el Imoveqroo concentrará una base de datos, especialmente por las licencias de conducir de transporte público”.
Por último, Cristina Torres sobre el proyecto de transporte ligero que el Imoveqroo expuso en su comparecencia, indicó que continúa en análisis, esperando los resultados del estudio, porque las principales ciudades del estado: Playa del Carmen, Tulum y Cancún requieren proyectos de movilidad integrales entre en ellos un transporte ligero.
Cabe recordar en la última sesión de periodo ordinario en el Congreso del estado, diputados rechazaron aprobar la reforma al artículo 172 de la Ley de movilidad donde otorgaban facultades al Imoveqroo para concesionar la emisión de los plásticos, y determinaron regresar a comisiones el documento para su análisis.
Incluso las diputadas del bloque opositor, Cinthya Millán Estrella del PAN, y Candy Ayuso Achach del PRI cuestionaron la constitucionalidad de la reforma, así como el otorgar facultades recaudatorias al Instituto, como si se tratará de un organismo autónomo, además de las múltiples reformas aprobadas en vísperas de que Rodrigo Alcázar, entregue al Congreso la iniciativa para crear una nueva Ley de Movilidad que aseguró costó 11 millones de pesos del presupuesto 2023.