La reforma al Poder Judicial del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección de jueces por voto popular, dio el primer paso este lunes tras aprobarse en lo general y lo particular en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La iniciativa se aprobó en lo general con 22 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 17 en contra de la oposición; en lo particular se aprobó con 22 votos a favor y 18 en contra.
La polémica reforma perfila comicios judiciales y una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dictamen, que incluye 100 modificaciones propuestas por Morena, plantea dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025.
Además, en la discusión en lo particular se aprobó la inclusión de la figura del “jueces sin rostro”.
La iniciativa, propuesta en un paquete de reformas en febrero pasado por López Obrador, busca, entre otras cosas, reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años.
También contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México.
Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
El oficialismo prevé votar la reforma en el pleno en septiembre, cuando tendrá los dos tercios del Congreso, necesarios para modificar la Constitución, tras las elecciones del 2 de junio.
La oposición alerta de riesgos
Pese a la inminente aprobación de la reforma, representantes de la oposición, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), se pronunciaron en contra por los riesgos de la independencia judicial.
El diputado del PAN Héctor Téllez afirmó que la polémica reforma es una “transgresión” a la independencia judicial, una violación al principio de división de poderes y una “cooptación” al Poder Judicial.
“Por todo lo anterior es que en Acción Nacional votaremos en contra este dictamen y los exhortamos a reformularlo, de modo que evaluemos y contemplemos las fallas existentes en todo el sistema de justicia”, enfatizó.
Esto, dijo, implica valorar a las fiscalías y a las instituciones de seguridad pública, además de fortalecer la carrera judicial.
Señaló que desde el PAN presentaron un voto particular al dictamen para replantear la reforma judicial y para asegurar que terminen con la corrupción en este Poder y haya mejores perfiles de jueces.
El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, apuntó que la oposición tiene “grandes razones” para votar contra la reforma judicial.
Entre ellas, abundó, están que la narrativa de la reforma no coincide con el resultado de su aplicación, además de que lo que se propone no es “ni democrático, ni justo, ni prudente”, es un “riesgo” para el Estado mexicano y es “inoperante”.
“Lesiona el pacto federal, no representa mejorar la calidad de las resoluciones, es un peligro para el régimen de protección de los derechos humanos, permite la intromisión de poderes fácticos”, enfatizó.
La polémica reforma al Poder Judicial ha derivado en preocupaciones de diversos organismos e instituciones por los efectos que tendrá la misma en aspectos políticos, económicos y sociales del país.
Apenas este lunes, la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, insistió en la preocupación por las “amplias” implicaciones para la independencia judicial en todo México.
Asimismo, Estados Unidos y Canadá han advertido de las preocupaciones de los inversionistas por esta y otras reformas del Gobierno, como la eliminación de órganos reguladores autónomos.
Además, calificadoras como Fitch y entidades como CitiBanamex o Morgan Stanley han alertado también sobre el riesgo de aprobar las reformas propuestas por el presidente, en particular la del Poder Judicial.
Con información de EFE
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