CHETUMAL, Quintana Roo, 27 de octubre. – La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó una reforma a la Constitución local que tiene como finalidad establecer la obligación del Estado para garantizar, promover, difundir, preservar y desarrollar las lenguas indígenas, así como los conocimientos y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de los pueblos originarios.
En la sesión ordinaria número 18, presidida por la diputada Tepy Gutiérrez Valasis, se aprobó el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al apartado B del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mismo que será turnado a los ayuntamientos de la entidad para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
La reforma, promovida por la diputada Reyna Durán Ovando, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, establece que, a través de los poderes públicos y órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, se reconozca, proteja y se promueva su preservación, uso y desarrollo de los elementos de cultura e identidad.
De acuerdo con el dictamen, la última encuesta intercensal establece que Quintana Roo es el cuarto estado con el mayor número de personas que se autoreconocen como indígenas, sólo por debajo de Oaxaca, Yucatán y Campeche.
A la vez, el estado ocupa el cuarto lugar en relación con el porcentaje de población que habla alguna lengua indígena. Por tanto, Quintana Roo posee una gran diversidad lingüística, siendo la lengua maya la predominante al ser hablada por casi 178 mil personas.
También se señala que la lengua maya, en su variante denominada mayaa t’aan también conocida como maya yucateco o peninsular, y la población que la habla, se encuentra concentrada en 7 de los 11 municipios de la entidad, que son: Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Bacalar y Benito Juárez.
Además, el Pleno Legislativo aprobó el Informe General Ejecutivo relativo a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2019, donde además se emitieron las conclusiones y recomendaciones relativas a dicha fiscalización.
En el dictamen se concluye que de los 148 informes individuales realizados a través de 242 auditorías a 102 entes fiscalizados por parte de la Auditoría Superior del Estado, correspondiente a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2019, en la primera entrega de informes individuales, 168 recomendaciones, 25 pliegos de observaciones, 102 promociones de responsabilidad administrativa y 5 solicitudes de aclaración; en la segunda entrega 285 recomendaciones, 158 pliegos de observaciones, 520 promociones de responsabilidad administrativa y 14 solicitudes de aclaración, informando una totalidad de 1 mil 175 acciones emitidas en las 2 entregas realizadas, correspondientes a la revisión de la cuenta pública 2019.
En la misma sesión, por mayoría de votos se emitió un exhorto al Ayuntamiento de Puerto Morelos para que realice un nuevo programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro Poblacional de Puerto Morelos 2020-2030, en el cual se tome en cuenta de manera amplia y plural las opiniones de la sociedad de acuerdo con la normatividad aplicable.
Por otra parte, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 90, 118, 122, 127 y 134, así como se derogan el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 93 y el segundo párrafo de la fracción XIV del artículo 125, todos de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; presentada por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales.
También se turnó a comisiones, una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en materia de regulación del Proceso Legislativo, promovida por el diputado Carlos Hernández Blanco.
De igual forma, se dio lectura a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Hernán Villatoro Barrios, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.