La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró en un informe que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “heredó una crisis” de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), por la “violencia extrema” de las agrupaciones delictivas y por “abusos” del Estado.
Sobre México, la asociación sostuvo que Sheinbaum, “quien asumió el cargo en octubre, heredó una crisis de derechos humanos creada por la violencia extrema de grupos del crimen organizado y los abusos generalizados cometidos por agentes del Estado con una impunidad casi total”.
“Su predecesor, López Obrador, hizo pocos avances para hacer frente a estos desafíos”, sentenció.
Además, alertó de que el Congreso aprobó reformas constitucionales en septiembre, último mes de la presidencia de López Obrador, que amplían el papel de los militares en seguridad pública y transforman de forma “radical” al Poder Judicial, lo que podría “perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de derecho“.
Homicidios y desapariciones
La agrupación, con sede en Nueva York, expuso que la tasa de homicidios “bajó ligeramente por tercer año consecutivo” en 2023, a 24.9 por cada 100 mil habitantes, frente a 25.9 del año anterior, pero seis ciudades tenían tasas superiores a 100 en 2022.
Dos de cada tres asesinatos los comete el crimen organizado y, en la misma proporción, se usan armas de fuego, de las que 70 por ciento “llegan a México mediante contrabando desde Estados Unidos”.
Pese a la “ligera” reducción en homicidios, “el número de denuncias de desapariciones ha aumentado”, expuso la asociación, que reportó un acumulado de más de 115 mil personas desaparecidas en septiembre, con base en cifras oficiales.
“Muchos podrían haber sido asesinados y enterrados en las casi cinco mil 700 fosas clandestinas que activistas y autoridades han descubierto. Alrededor de 53 mil restos humanos estaban almacenados, a la espera de ser identificados para finales de 2022”, observó el reporte.
Los ‘abusos’ militares
HRW criticó la reforma constitucional de López Obrador en septiembre para eliminar la prohibición a los soldados de ejercer funciones no militares en tiempos de paz, darle a la Secretaría de la Defensa el control de la Guardia Nacional y facultar al Ejecutivo a “desplegar indefinidamente” las Fuerzas Armadas.
En el último mes del Gobierno anterior había 232 mil 761 soldados, marinos y guardias nacionales desplegados en el país, según el reporte, que citó la muerte de casi cinco mil 700 personas en operaciones del Ejército desde 2007 hasta julio de 2024.
Los militares han obstruido las investigaciones y procesos penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado”, denunció HRW.
El documento de HRW también citó al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que en 2023 señaló que “sigue siendo una práctica generalizada en México y es con demasiada frecuencia el catalizador de malos tratos, tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias”.
Cerca del 37 por ciento de las personas en la cárcel ese año no estaban condenadas por ningún delito y más del 20 % de quienes estaban en prisión preventiva llevaban más de dos años en esta situación.
Migrantes, periodistas y activistas
HRW también documentó casi 830 mil aprehensiones de migrantes entre enero y julio de 2024, “la cifra más alta que se ha registrado”, mientras en el norte del país las autoridades mexicanas detienen a unos 10 mil al mes, incluyendo algunos con cita en Estados Unidos, y los envían al sur en autobús.
Aunque hubo un récord de más de 140 mil solicitantes de refugio en 2023, “la cifra más alta de la historia”, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) resolvió menos de 26 mil peticiones.
Por otro lado, la asociación reiteró que “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y defensores de derechos humanos“.
Con base en cifras de la organización Artículo 19, hubo tres mil 408 agresiones o amenazas contra periodistas, 46 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2024,
Y en 2023, hubo 14 asesinatos de defensores de derechos humanos, según el Comité Cerezo, y 18 de defensores ambientales, de acuerdo con Global Witness.
Con información de EFE
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