Diana García
CHETUMAL, Quintana Roo, 05 de Febrero. –Para evitar ambigüedades en el Código Penal de Quintana Roo que vulneren los derechos humanos de las personas, y su libertad de expresión, el Gobierno del estado ingresará una nueva iniciativa para corregir errores aprobados por el Congreso del estado, en el paquete de reformas en materia de movilidad que endurecen las sanciones por actos de violencia en el transporte, anunció la Gobernadora, Mara Lezama Espinosa.
Aunque la reforma paso por el análisis de la Comisión de Justicia encabezada por la diputada de Morena, Paola Moreno Córdoba, y por la de Movilidad presidida por el diputado Alberto Batún Chulim, auto llamado “amigo del pueblo”, y también morenista, el dictamen fue aprobado en 25 minutos, sin observaciones por parte de los legisladores integrantes de ambas comisiones.
En entrevista la mandataria explicó que el documento contuvo errores en la redacción que podrían vulnerar la libertad de expresión, por lo que la Consejería Jurídica del gobierno del estado, ya prepara un segundo documento para corregir el artículo 182 del Código Penal, en el que se establecen sanciones más severas a quienes incurran en actos de violencia en el sistema de transporte y las vías de comunicación de la entidad.
“Nos dimos cuenta que había dos palabras que no debían ir, una palabra, una “coma, un punto”, pueden cambiar el sentido de las palabras. Por ello de manera inmediata me reuní con mi equipo, y vamos a cambiar donde deben ir. Soy una mujer comunicóloga, y periodista que se perfectamente la importancia de la libertad de expresión y libre tránsito. Sería incapaz de poner una traba en ese sentido”, indicó.
Y subrayó, “Por eso ya vamos a ingresar la iniciativa para poner la palabra de donde debe estar, el objetivo es que la reforma sea en beneficio de las y los ciudadanos, somos un gobierno humanista y cuando hay un error hay que aceptar y remediarlo”.
Aunque dejó claro que eso no deben confundir a nadie para privar la libertad del tránsito de las personas. Porque, siempre será “el bien universal, sobre el particular, por lo que no se permitirá la corrupción y la impunidad”.
El 28 de enero diputados del Congreso de Quintana Roo, aprobaron con 20 votos entre ellos los dos del Partido Acción Nacional (PAN), y cero en contra, la reforma al artículo 12 del Código Penal y otras disposiciones de la Ley de Movilidad, para endurecer penas para cualquier persona que dañe, o atente en contra de las vías de comunicación en la entidad, con agravantes cuando la violencia provenga de conductores de transporte público, como el taxi, y las víctimas sean turistas, o menores de edad.
Las penas establecen hasta 6 años de cárcel por causar daños, 7 años por lesiones, hasta 37 años por homicidio, y hasta 43 años de prisión si se trata de un turista.
Aunque el 182 del código penal ya establecía sanciones para cualquier persona que atente contra las vías de comunicación. Lo que derivó la inconformidad de grupos feministas, y activistas al considerar que el documento atentaba contra la libertad de expresión.
Incluso la organización Amnistía Internacional México señaló que el documento criminaliza las protestas sociales que son una herramienta legitima para exigir derechos, incluso en voz de su representante, Edith Olivares Ferreto, hizo un llamado al Congreso del estado para revertir las modificaciones, y al Gobierno del estado vetar la reforma.
“La modificación del artículo 182 es altamente regresiva al criminalizar el derecho a protestar. Todo cambio legislativo puede revertirse. Llamamos al Congreso estatal a echar marcha atrás y pedimos a la gobernadora de Quintana Roo, a vetar la reforma. Conforme a su redacción, evidentemente criminaliza la protesta e inhibe el derecho a la libre manifestación”, indicó.
Cabe destacar las reformas al código penal y la ley de movilidad, derivan de los conflictos entre taxistas y conductores de Uber, registrados en los destinos turísticos del estado, y los abusos denunciados por turistas a través de redes sociales.
En el paquete de reformas incluye la ley de movilidad para que el Gobierno de Quintana Roo pueda rescindir concesiones sin denuncias previas, solo por oficio a conductores o titulares de la concesión de transporte involucrados, además de las licencias de conducir.