CHETUMAL, Quintana Roo, 24 de noviembre.- El diputado José Luis “Chanito” Toledo propuso ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado que el Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA) quede a cargo del Gobierno de Quintana Roo, tras señalar que en algunas de las anteriores administraciones municipales ha habido irregularidades sobre el manejo y transparencia de los recursos por este concepto.
Mencionó que no existe una regulación sobre el manejo, transparencia y rendición de cuentas del DSA, por lo que cada municipio lo maneja de manera discrecional y sin tener que explicar lo que hace y a dónde se van los recursos, por lo que ha habido algunos casos donde se han denunciado irregularidades y opacidad por parte de los Ayuntamientos.
Puso de ejemplo a la anterior administración municipal de Lázaro Cárdenas, donde señaló que hubo un caos en la isla de Holbox, pues se habló de un mal manejo de los recursos que finalmente no se utilizaron para su cometido original, o al menos no se supo con exactitud.
También puso de ejemplo a la pasada administración municipal de Othón P. Blanco, en donde ni siquiera se instaló el Comité Ciudadano encargado de vigilar el manejo de los recursos recaudados bajo este concepto, por lo que no se supo si se aplicó, cómo se aplicó y el Ayuntamiento tampoco estuvo obligado a informar del paradero final de este dinero.
“Sería importante empezar a visualizar respecto al tema del Derecho de Saneamiento Ambiental, plantearle a esta legislatura la forma en que el estado pueda hacerse cargo de la administración de estos recursos, porque ese recurso en una caja chica que no es auditable y que los Ayuntamientos manejan de manera discrecional, sin rendir cuentas ni transparentarlo a la ciudadanía”, explicó José Luis Chanito.
Aseguró que se trata de un tema que tiene que ver con la decisión que tomen como Legislatura, en el que no está interviniendo ni necesariamente tiene que intervenir el Ejecutivo del estado.
“Y que en esa situación tan compleja en la que nos encontramos en el estado, pues los recursos propios se vuelven un oxígeno. Tenemos que revisar las ventajas, los impactos y alcances de que el Derecho de Saneamiento sea administrado por el Ejecutivo del estado y podérselo de alguna u otra manera hacer llegar a los Ayuntamientos”, concluyó.