CANCÚN, Quintana Roo, 24 de noviembre. – Miembros del Movimiento Resistencia Civil Pacífica de Quintana Roo rechazaron la terna para elegir magistrado que presentó el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, que la integran; Karla Patricia Rivero González, comisionada para la atención de victimas de Quintana Roo, Antonio Villalobos Carrillo, consejero jurídico del Poder Ejecutivo y el notario Heyden José Cebada Rivas, después de consideran que no cumplen con los requisitos que marca la ley y han trabajado en contra de los derechos de los quintanarroenses.
“Los artículos para elegir magistrado dice que los aspirantes deben de renunciar a sus cargos un año antes, pero ellos no han renunciado, uno sí, pero no cumple con el tiempo, es por ello que nosotros protestamos porque están pasando por encima de la ley, además de que su labor en sus cargos ha sido irregular y personas que tienen en juicio su casa de la empresa “Casita” temen que ya como magistrados actúen en contra de su patrimonio familiar”, expresó en conferencia de prensa, Erick Viveros, quien estuvo acompañado de, Manuel Viveros, David Cruz, dirigente del RCP, y el doctor Marciano Javier.
Ante ello, Erick Viveros comentó que exhortan al gobernador para que presente otra terna y en ella proponga a personas que tengan carrera judicial de más de 10 años.
“Pueden ser cualquier persona que trabaje en el poder judicial que tenga carrera, incluso pueden ser abogados litigantes que trabajen en un despacho”, expresó.
Sin embargo, los defensores de la sociedad civil adelantaron que en caso de que uno de los tres sea impuesto como magistrado vigilarán su desempeño en el cargo.
“Tenemos que vigilar su labor y si esta persona no está trabajando correctamente, será sancionado y esperemos que el Sistema Anticorrupción pueda sancionarlos correctamente”, expresó.
Por otro lado los ahí presentes dieron a conocer el gran daño que están haciendo al patrimonio familiar de los cancunenses, empresas que han adquirido la cartera vencida que dejó la Inmobiliaria Casita.
De las cuales denunciaron que están despojando a familias de su casas sin que tengan orden de desalojo, con actuarios que no tienen los papeles en regla para desalojar de sus casas a sus dueños, y que en otras ocasiones llegan con civiles armados para amenazar a las personas con desaparecerlos si no se salen de sus viviendas.
“El problema de la empresa “Casita” es que personas contrataron en “udis” y estos van subiendo; empiezan a pagar 1500 mensuales y precio de la casa se incrementa y llegan a pagar hasta 10 mil pesos al mes por una vivienda; hay personas que pagan hasta un millón de pesos por sus hogares que no valen eso, pero lo más grave es que la inmobiliaria quebró y toman su cartera empresas que se dedican hacer dinero fuera de la ley”, concluyó.