Diversas organizaciones expresaron su preocupación por la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el acuerdo aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la regulación de la energía libre de combustibles.
Lo anterior fue detallado en un comunicado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México, Iniciativa Climática de México (ICM) y Nuestro Futuro.
Se apuntó que a través de este acuerdo la CRE “modifica la regulación y las definiciones de lo que se considera energía limpia para incluir en esta categoría procesos y combustibles que producen contaminantes, los cuales no solo representan riesgos para la salud de la población mexicana, sino que también contribuyen al calentamiento global”.
Las preocupaciones se resumen de la siguiente manera:
- Información equivocada sobre el progreso real de las energías renovables en el país: Con los cambios propuestos se estaría haciendo creer al mundo que nuestro país incrementa el porcentaje de energías renovables en nuestra matriz energética cuando en realidad no lo hace.
- Impedimentos para alcanzar los objetivos de transición energética: La Ley de Transición Energética obliga a alcanzar un objetivo del 35 por ciento de energías renovables para 2024 y la Ley General de Cambio Climático –en su artículo 3 transitorio, inciso e)– hace mención al 35 por ciento de energía limpia para 2024. Sin embargo, la suspensión de las subastas a largo plazo en 2018 y las modificaciones de las normas de despacho que favorecen a los combustibles fósiles en vez de favorecer a las energías renovables, han obstaculizado la consecución de este objetivo.
- Ineficacia del acuerdo: Este nuevo acuerdo no añadirá ni un solo MW de capacidad de energías renovables a nuestra matriz eléctrica ni reducirá ni una sola tonelada de bióxido de carbono adicionales a las medidas que se habían ya considerado para avanzar con el cumplimiento de las metas prometidas por México en la última COP.
• Consideraciones reputacionales: Las acciones tomadas por la CRE en este asunto dejan, una vez más, muy mal parado al Presidente de México y a nuestro país. - Con la aplicación de este acuerdo se frena (aún más) la transición energética en el sector eléctrico en México y con esto se viola el derecho humano a un medio ambiente sano en su vertiente de clima seguro, habitable y sostenible, así como diversos derechos fundamentales como a la salud, alimentación, agua, vida digna.
- Aceptar que se aplique este decreto significa comprometer los derechos de las generaciones presentes y también de las futuras.
Las organizaciones firmantes hicieron un llamado respetuoso al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ordene que no se publique este acuerdo y solicite mayores aclaraciones e información a los equipos de la Secretaría de Energía (Sener), Comisión Federal de Eletricidad (CFE) y la CRE.
“Creemos que es esencial asegurar la transparencia y la alineación con el compromiso de México hacia una transición energética justa, responsable y sostenible, preservando nuestras alianzas internacionales. ¡Sin transición energética justa no hay futuro!”, apuntaron en el documento.
Con información de López-Dóriga Digital
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