El Gobierno de la Ciudad de México presentó una denuncia contra un juez federal por la liberación del presunto líder delictivo conocido como ‘el Cachorro‘, ante lo cual, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, externó preocupación.
Desde el gobierno capitalino se denunció al juez Roberto Omar Paredes Gorostieta, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo que más buscamos es que haya justicia, en el fondo lo que nos interesa es que los jueces federales no obstruyan la acción de la justicia… Este tipo de jueces en lugar de proteger a la sociedad, lo que hacen es ponerla en peligro, estas personas no tienen vocación de justicia, no tienen por qué estar ahí, en estos cargos”, condenó el jefe de Gobierno, Martí Batres.
El mandatario capitalino explicó que Fabián Osvaldo N., alias ‘el Cachorro’, es identificado como líder de la célula delictiva La ronda 88 y uno de los generadores de violencia más peligrosos en la Ciudad.
Se le señala por desaparición forzada, delito por el cual la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina lo iba a aprehender; sin embargo, se acusa que obtuvo ayuda para escapar y con ello evadir su detención.
Se le dejó salir por la puerta de atrás y se le ayudó a transformar su imagen para no ser percibido en su huida, prácticamente desde el juzgado se le ayudó a huir y a evadir la acción de la justicia”, denunció Batres Guadarrama.
De ser hallado culpable, el juez federal Roberto Omar Paredes se haría acreedor a una sanción de entre 4 y 10 años de cárcel, así como al pago de una multa económica.
También se podría interponer una queja en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal para ser suspendido y sancionado conforme a responsabilidades administrativas.
Tras conocer la denuncia, la Barra Mexicana de Abogados externó preocupación. Su presidente, Víctor Oléa, detalló un reiterado asedio contra el Poder Judicial de la Federación y sus integrantes, quienes gozan de independencia para dictar resoluciones.
Explicó que la custodia de los procesados no recae en miembros del PJF sino en las autoridades competentes, por lo que “atribuir al juez la responsabilidad de permitir una fuga después de otorgar la libertad es incorrecto”.
Insistió en que los ataques representan una clara amenaza a la independencia judicial y contribuyen a debilitar la separación de poderes, además de poner en peligro la seguridad de jueces.
Es obligación del jefe de Gobierno de la Ciudad de México preservar el respeto por la autonomía del Poder Judicial Federal y garantizar un ambiente propicio para el ejercicio imparcial de la justicia en nuestro país”, sostuvo Víctor Oléa.
Con información de López-Dóriga Digital
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