La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que respaldó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas sin control judicial inmediato, encendió una doble alarma entre especialistas en derecho penal económico, seguridad nacional y derecho internacional.
Por un lado, advierten el riesgo de repetir medidas ya declaradas inconstitucionales. Por el otro, alertan que dejar sin operación financiera a una persona o empresa, aun sin condena, puede traducirse en una “muerte civil”.
El impacto, subrayan, no es menor: afecta inversión, empleo, ahorro y actividad económica.
Riesgos de arbitrariedad
Simón Herrera Bazán y Samuel González Ruiz coinciden en que el problema no es solo la facultad de asegurar cuentas por sospechas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
El punto crítico, señalan, es el vacío de controles eficaces.
Advierten que una decisión de ese nivel podría operar con rasgos de arbitrariedad si no existen contrapesos claros.
Un antecedente que ya fue invalidado
Herrera Bazán recordó que ya existían embargos precautorios durante revisiones fiscales.
Ese esquema fue declarado inconstitucional por la Corte, al no contar con orden judicial y derivar de decisiones administrativas del SAT o la Secretaría de Hacienda.
A su juicio, el nuevo criterio permite retomar prácticas similares, basadas en presunciones y no en hechos probados.
Esto, afirmó, reabre el debate sobre el papel del control judicial previo.
Falta de defensa efectiva
González Ruiz advirtió que el congelamiento de cuentas había sido avalado antes solo en casos vinculados a solicitudes internacionales.
Ahora, dijo, el reto será construir un nuevo mecanismo de defensa.
De lo contrario, el aseguramiento puede convertirse en un acto arbitrario.
Subrayó que la UIF no investiga delitos ni actúa como Ministerio Público, sino que reporta actividades sospechosas.
Esto deja dudas sobre el estándar de prueba y los controles internos que deben aplicarse.
Controles tardíos
Aunque el aseguramiento debe estar fundado y motivado, los especialistas coinciden en que los controles actuales son insuficientes.
El principal recurso es el amparo, pero puede tardar hasta un año y medio en resolverse.
En ese tiempo, una persona o empresa puede quedar prácticamente paralizada.
Impacto económico inmediato
Para Herrera Bazán, el efecto es directo: desconfianza.
Inversionistas, empresarios y ahorradores pueden reaccionar con cautela o incluso retirar su capital.
El escenario, advierte, incluye menor actividad económica, desempleo y mayor presión social.
También cuestionó el mensaje del Estado cuando la seguridad jurídica se debilita.
Asfixia operativa
González Ruiz coincidió en el impacto económico, pero enfatizó otro punto: la operación.
El congelamiento no implica decomiso, pero sí puede impedir que una persona o empresa funcione.
Incluso, alertó, puede derivar en restricciones para abrir nuevas cuentas.
En la práctica, dijo, eso equivale a una muerte financiera.
“Muerte civil”
El especialista definió este escenario como una “muerte civil”.
No es una sanción física, sino la cancelación de la vida financiera de una persona.
Esto implica la pérdida material de derechos en la práctica cotidiana.
Mayor vulnerabilidad para mexicanos
González Ruiz señaló una diferencia clave: la protección internacional.
Un inversionista extranjero puede recurrir a tratados para defenderse.
Un mexicano, en cambio, enfrenta menos herramientas y mayor exposición.
Esto genera una posible desigualdad en el acceso a la justicia.
Lo que sigue
Tras la resolución, el foco está en el diseño de nuevos mecanismos de defensa.
Hoy, la protección depende de recursos tardíos como el amparo y de una regulación aún incompleta.
El riesgo, advierten los especialistas, no se queda en el ámbito jurídico.
También alcanza la confianza económica y la estabilidad financiera de personas y empresas.
Para unos, el escenario anticipa pánico e inestabilidad. Para otros, ya tiene nombre: muerte civil.
Fuente: Político mx
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