El Gobierno Federal condenó la acción de inconstitucional interpuesta por diputados de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la ley minera.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal defiende que con la expedición de la Ley de Minería ahora se debe consultar de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas para obtener su consentimiento en el otorgamiento de concesiones mineras.
También se reconoce el derecho constitucional a la consulta indígena y garantiza que el impacto socioeconómico que produce la actividad minera contribuya al desarrollo de esa población.
Es cuestionable que los legisladores de oposición que suscriben la acción de inconstitucionalidad se opongan a que la Ley de Minería garantice la realización de este tipo de consultas a la población indígena, así como al pago que deben realizar los concesionarios a las comunidades por el uso de sus tierras y aguas”, criticó el Gobierno Federal en un comunicado.
De acuerdo con las autoridades el intento por invalidar la reforma responde a intereses económicos privados.
Señala que los diputados de oposición se niegan a reconocer que el Estado mexicano cuenta con capacidad técnica y científica para la exploración de minerales, cuando desde 1944 se inició la investigación sobre los recursos minerales del país.
Se hace necesario que, así como los representantes de los intereses de los concesionarios mineros impugnan la ley, sus beneficiarios defiendan ante la SCJN los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como los beneficios que en materia ambiental establece la reforma impugnada.”
Con información de López-Dóriga Digital
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