México tiene una independencia judicial “precaria” y su presupuesto es “un talón de Aquiles” para su correcto funcionamiento, concluyeron dos informes de las organizaciones México ¿Cómo Vamos? (MCV), Impunidad Cero, Fundación Konrad Adenauer, y la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), entre otras.
“Todos estamos conscientes del momento muy delicado para la independencia judicial que estamos viviendo, no solamente en México, sino en también en otras muchas partes del mundo”, advirtió en una conferencia la coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de MCV, Laurence Pantin.
“Desde hace unos años observamos una tendencia adversa y, en lugar de que se consolide la independencia judicial, detectamos estrategias para debilitarla”, consideró.
El estudio ‘Independencia judicial, ¿dónde estamos? Un análisis subnacional‘ destacó que ninguno de los 32 estados mexicanos alcanza un 50 por ciento de independencia judicial, con base en 51 indicadores internacionales retomados para este análisis.
En medio de la presentación, resaltan las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha criticado supuestos privilegios del Poder Judicial, como salarios altos y deficiencias en la impartición de justicia.
Alejandra Quezada, investigadora del programa de Transparencia en la Justicia de MCV detalló que solo seis entidades mexicanas cumplen con el 40 por ciento de los indicadores de independencia judicial: Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Tabasco y Puebla.
En contraste, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Sinaloa y Tlaxcala fueron los estados cuya normatividad cumple con menos indicadores.
En este sentido, animó a los organismos judiciales de los estados y a legisladores a proponer e incluir los más altos estándares que garanticen la independencia de las instituciones impartidoras de justicia en México.
Entre los 51 indicadores de referencia internacional, 16 se enfocaron en garantías de la independencia institucional, 30 en independencia profesional y cinco en independencia funcional.
Entre estos, destacaron áreas de oportunidad en los mecanismos para nombramientos y destituciones de jueces y magistrados, en el combate a la corrupción, en la protección a la integridad física de los impartidores de justicia y diferencias entre remuneraciones por el mismo trabajo, entre otras.
Pantin también aclaró que, aunque la existencia de una norma no garantiza su cumplimiento, es preferible que las garantías se incorporen en la normatividad al ser un piso mínimo.
Por otro lado, José Antonio Caballero y Juan José Garza, autores del estudio, afirmaron que estos recursos son la principal herramienta para el correcto funcionamiento de la gobernanza la interior del sistema judicial.
Sostuvieron que la independencia judicial también debe garantizar el flujo estable de los recursos para financiar todas las actividades del Poder Judicial mexicano, mientras que el Congreso mexicano aprobó recientemente la reducción de más de 360 millones de dólares a lo solicitado para el año entrante.
Con información de EFE
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