Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que un eventual recorte al presupuesto del Poder Judicial detendría la consolidación del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública continuar prestando servicios a personas vulnerables.
Lo anterior fue detallado ante integrantes del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA), donde Piña Hernández aseveró que en México la justicia enfrenta retos adicionales relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años.
Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”, declaró.
En la visita, la ministra refrendó las obligaciones y el compromiso, tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con el combate a las detenciones arbitrarias.
“Estamos comprometidos —no solo por obligación constitucional y convencional, sino por genuina e inquebrantable convicción— con la protección fundamental de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva que encuentra en el combate a las detenciones arbitrarias una de sus más altas expresiones y razón de ser”, afirmó.
La ministra presidenta comunicó que, a finales de este año, desde la Corte se publicará un protocolo de actuación para personas juzgadoras y defensoras públicas, precisamente sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio con el objetivo de brindar herramientas prácticas y útiles para que los operadores de justicia, al resolver los casos que se someten a su consideración, tengan una actualización de los precedentes jurisprudenciales y estándares internacionales aplicables a la materia.
Ante las preocupaciones específicas del GTDA relativas a la persistente impunidad frente a los agentes que llevan a cabo detenciones arbitrarias, la ministra Norma Piña explicó cómo se ha reforzado -desde las sentencias de La Corte- la protección de las personas a través del registro de cada detención, obligación a la que están sujetas todas las autoridades que realizan labores de apoyo a la seguridad pública, incluyendo a las que pertenecen a las fuerzas armadas.
Asimismo, aseguró que el Poder Judicial Federal ha tomado atenta nota de las casi 50 opiniones que desde el 2002, este Grupo de Trabajo ha emitido al Estado mexicano, en casos puntuales sobre detenciones arbitrarias.
Señaló que entregará un informe detallado sobre los principales temas de interés para el GTDA, entre otros: el estado de la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, así como las resoluciones judiciales relativas a la ampliación de la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y el abuso de la prisión preventiva oficiosa.
Con información de López-Dóriga Digital
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