La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó este jueves la confirmación de la sentencia a cinco militares por la ejecución extrajudicial de dos estudiantes ocurrida en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, en marzo de 2010.
En un comunicado, ONU-DH señaló que la sentencia, del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Nuevo León, está relacionada con la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Recordó que el 19 de marzo de 2010, los estudiantes Mercado y Arredondo fueron privados arbitrariamente de la vida dentro del campus de la universidad por agentes del Ejército, quienes además alteraron la escena del crimen con el objetivo de simular una agresión en su contra y evadir su responsabilidad.
Ante esos hechos, desde hace más de 14 años, las familias de los estudiantes, junto con activistas y colectivos, han exigido justicia.
El organismo apuntó que el 5 de diciembre de 2024, “en una resolución que recién se ha hecho pública, los magistrados y la magistrada del Tribunal confirmaron, por unanimidad, la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal el 13 de octubre de 2023 contra cinco militares involucrados en los hechos, que fue de 90 años de cárcel.
“Tras un análisis de las pruebas y los argumentos de las partes, el Tribunal concluyó que existían elementos suficientes para confirmar la responsabilidad de los efectivos militares, incluyendo la alteración de la escena del crimen”, indicó el comunicado.
La ONU-DH acoge positivamente esta decisión que reivindica a las víctimas y a sus familiares, reconoce explícitamente que Jorge y Javier fueron víctimas de ejecución extrajudicial y recoge la importancia del Protocolo de Minnesota para la investigación de este tipo de casos.
Dijo que la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación también evidencia “la importancia, por una parte, de contar con autoridades judiciales independientes y profesionalizadas y, por otra, de establecer mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas de naturaleza civil sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.
La ejecución extrajudicial se registró el 19 de marzo de 2020 frente a una de las puertas de la propia institución educativa en Monterrey, la ciudad más grande del norte de México, donde los militares mataron a los jóvenes y después les sembraron armas para hacerlos pasar como sicarios.
En marzo de 2019, el Gobierno mexicano ofreció disculpas públicas a los familiares de las víctimas por los hechos acontecidos y que involucraron a agentes del Ejército.
El asesinato fue uno de los primeros episodios de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas de México en el marco de la “guerra contra el narcotráfico” en el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Con información de EFE
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