El Presidente Andrés Manuel López Obrador difundió dichos falsos sobre el presupuesto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) para justificar su desaparición y presumir un supuesto ahorro al eliminar este órgano autónomo.
Cifras oficiales muestran que el presupuesto asignado al INAI para el 2024 sólo corresponde al 0.01% del gasto total del gobierno mexicano. Además, el presupuesto para este Instituto ha disminuido 24.4% en términos reales entre 2018 y 2024.
“Es un organismo poco costoso, incluso en los últimos cinco años ha disminuido su presupuesto. No es un recurso oneroso, hay muchas áreas de oportunidad para fortalecer al INAI, valorar si se necesitan mayores recursos o una reingeniería del uso de sus recursos”, dijo Itzel Checa, Coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, en entrevista con El Sabueso de Animal Político.
Por otro lado, especialistas han mencionado que trasladar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública favorece la opacidad y sería un retroceso. Además, este organismo ha permitido el acceso a información útil para la ciudadanía y conocer casos de corrupción.
“¿Cuánto nos cuesta (El INAI) ? Mil millones al año… ¿Cuánto ganan los consejeros? Como 250 mil pesos mensuales”
Para el 2024, se le asignaron mil 97 millones 353 mil 466 pesos al INAI, lo cual equivale al 0.01% del gasto total del gobierno federal. Sin embargo, este presupuesto no tuvo aumento real frente al asignado en 2023.
En contraste, el monto destinado a pensiones este año equivale al 22% del gasto del gobierno y al menos 5.4% del PIB, de acuerdo con análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Aunado a ello, el presupuesto del INAI ha disminuido un 24.4% en comparación con la bolsa asignada para 2018, último año de la gestión de Enrique Peña Nieto.
Y si comparamos lo asignado con 2014, año en que se reformó el Instituto, el presupuesto del INAI solo creció 6.5% en 10 años.
Por otro lado, el Presidente López Obrador aseguró que los comisionados del INAI “ganan como 250 mil pesos mensuales”. Dato falso. En realidad, las Comisionadas y los Comisionados del INAI perciben un total de 114 mil 238.84 pesos, incluyendo sueldo y compensaciones, de acuerdo con el Manual de Percepciones del Instituto.
Esto significa que los comisionados ganan 14 mil 845 pesos menos que el presidente.
Datos reportados en la Plataforma de Transparencia muestran que López Obrador recibió 129 mil 87 pesos mensuales, mientras que la Comisionada Blanca Lilia Ibarra percibió 114 mil 238.84 pesos mensuales.
“¿De qué sirve la Transparencia, el INAI?”
Así puso en duda el mandatario la utilidad del INAI, pero este organismo ha avalado recursos de revisión para permitir a periodistas y organizaciones avanzar en sus investigaciones y garantizar el acceso a la información, luego de que dependencias del gobierno negaran datos.
También ha tramitado acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales para proteger datos personales de la ciudadanía.
“El derecho a la información permite acceder a otros derechos como la salud, a un mejor medio ambiente, al trabajo y protección de datos personales. Si se aprueba la reforma-que elimina al INAI. Nos quedaríamos sin un mecanismo de protección; no va a ver forma de apelar si no nos dan estos datos y no se garantizarían muchos derechos”, señaló Itzel Checa.
El uso del INAI ha permitido conocer distintos casos de corrupción y garantizar los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, INAI ordenó a Pemex entregar estudios del agua contaminada en Benito Juárez y Álvaro Obregón.
Te contamos cómo el Instituto permitió conocer casos como el de los consejeros electorales de Yucatán con Fox; el costo de la serie de televisión “El Equipo” en el gobierno de Calderón; La Estafa Maestra en el sexenio de Peña Nieto y los contratos entregados a Baker Hughes cuando José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, vivió en una casa de un ejecutivo de la compañía.
Asimismo, el Instituto también ayudó a garantizar derechos como el acceso a la salud. En 2023, recibió más de 5 mil 600 solicitudes de ciudadanía que requirió expedientes médicos personales o de algún familiar. En 2022, la cifra fue de 6 mil 246 y en 2020 de 6 mil 140.
En noviembre de 2023, el INAI resolvió que cualquier persona tiene derecho de obtener los expedientes clínicos de sus familiares fallecidos, para conocer los tratamientos que recibió y corroborar si fueron adecuados o no.
Esto ocurrió cuando una persona solicitó el expediente clínico de su hermana fallecida al IMSS, pero presentó un recurso de revisión ante el INAI porque sólo le dieron un resumen clínico con datos que no corresponden con lo solicitado. Tras la resolución del Inai, el IMSS reconoció que existieron inconsistencias y modificó su respuesta.
En el gobierno de López Obrador, el INAI ha recibido 82 mil 147 impugnaciones por negativas en las respuestas a solicitudes de información, esto representa un 92% más que las impugnaciones recibidas en el sexenio anterior.
Al primer semestre de 2024, se reportaron 11,685 recursos de revisión en contra de instituciones públicas federales, un incremento de 8.9% en comparación con el mismo periodo de 2023. En 2021, el presidente emitió un decreto para clasificar como confidencial toda información sobre las obras prioritarias.
“¿Qué no puede hacer su labor la Función Pública?”
La propuesta en el llamado plan C que elimina los órganos autónomos destaca que las funciones de estos organismos “serán absorbidas por las dependencias responsables de cada ramo” y que se respetarán “los derechos de sus trabajadores”.
En ese sentido, las labores del INAI serían absorbidas por la Secretaría de la Función Pública.
Ante esta propuesta, la organización Fundar destacó que es contraria a los avances en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas construidos a lo largo de los últimos 20 años.
“El INAI ve lo que hace el ejecutivo, otros poderes, órganos y privados que ejercen recursos públicos, mientras que la SFP sólo observa al Ejecutivo. Por ello, las otras esferas mencionadas quedan descubiertas”, dijo Itzel Checa.
La especialista comentó que el mandato de la SFP no es ser protector ni vigilante, por lo que esta reforma convertiría a esta secretaría en juez y parte, favoreciendo el ejercicio opaco del poder y la discrecionalidad, sin la garantía de un órgano que permita exigir la información.
El académico Filiberto Valentín Ugalde Calderón menciona en tanto que los órganos autónomos surgen “de la necesidad de limitar los excesos en que incurrieron los poderes tradicionales y los factores reales de poder”.
“Si se lleva a cabo una reforma administrativa, como estamos proponiendo también en una de las reformas a la Constitución, se pueden ahorrar hasta 100 mil millones”
El Presidente López Obrador ha manifestado en distintas ocasiones que la eliminación de los órganos autónomos permitiría ahorrar 100 mil millones de pesos. Pero su dicho es falso.
La bolsa asignada este año a los siete órganos que pretenden ser eliminados suma 4 mil 534 millones, apenas un 4.5% de la cifra que mencionó el mandatario.
En 2023, el presupuesto ejercido por los siete órganos que menciona la reforma fue de 5 mil 404 millones de pesos, de los cuales solo se tomaría el presupuesto de capítulos como gastos de operación o inversión física, es decir mil 992 millones 849 mil 621 pesos, un 2% de la cifra dicha por el mandatario.
Esto quiere decir que no se logra el ahorro de 100 mil millones de pesos ni siquiera considerando el presupuesto de todos los órganos autónomos considerados en la Cuenta Pública, que son 8.
Con información de Animal Politico