CIUDAD DE MEXICO, 4 de Abril. – Ante el posible peligro de que ocurra una captura político-criminal del Sistema de Justicia en México, académicos, abogados y periodistas sumarán esfuerzos para poner lupa en las 19 elecciones judiciales locales del país, que se celebrarán junto con la elección judicial federal el próximo domingo 1 de junio de 2025.
Para llevar a cabo esta tarea, el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México lanzó el proyecto Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, que contará con datos estadísticos sobre el sistema de impartición de justicia del país e investigaciones periodísticas y cualitativas que serán desarrolladas y publicadas en espacios como Animal Político, W Radio y diversos medios locales.
“¿Por qué crear un observatorio? Porque esta reforma rompe con la idea de árbitros independientes, porque para ser juez hoy vas a tener que tener relación con el sistema político, particularmente con el sistema electoral. ¿Quiénes serán los próximos jueces y juezas del país? Pues esos que apoye el SME, la CNTE, el SNTE, los comerciantes de Tepito y el voto clientelar de Morena, porque esos son los que tienen las posibilidades de llegar”, explicó la académica Ana Laura Magaloni, coordinadora del Observatorio.
¿Qué estados supervisará el Observatorio de la Ibero?
Desde el pasado 30 de marzo de 2025, después de meses de campañas anticipadas, arrancaron formalmente las campañas de aspirantes al Poder Judicial de la Federación, periodo en el que las y los candidatos a jueces, magistrados y ministros del país pueden salir públicamente a buscar el voto de la ciudadanía para ocupar uno de los 881 cargos por elegir a nivel federal.
Sin embargo, de manera paralela a la elección judicial federal, un total de 19 estados del país también tendrán campañas para elegir a mil 800 nuevos representantes de los Poderes Judiciales Estatales, lo que incluye no sólo a jueces y magistrados de los estados, sino también a los titulares de los nuevos Tribunales de Disciplina Judicial.
Las entidades que tendrán elecciones judiciales locales son: Aguascalientes (65 cargos a elegir), Baja California (171), Chihuahua (305), Ciudad de México (133), Coahuila (106), Colima (46), Durango (49), Estado de México (89), Michoacán (112), Nayarit (49), Quintana Roo (138), San Luis Potosí (87), Sonora (50), Tabasco (72), Tamaulipas (147), Tlaxcala (36), Veracruz (98), Yucatán (14) y Zacatecas (33).
Para ejemplificar la importancia de centrarse en estas 19 elecciones judiciales locales, la coordinadora del Observatorio explicó que en el país el 98 % de los conflictos entre particulares inician en un juzgado local, especialmente en materias como la laboral -que resuelve conflictos entre trabajadores y empleadores- y la familiar -que comprenden divorcios, pensiones y custodias, entre otros conflictos que afectan directamente a la población-.
“Por eso considero que construimos un sistema de justicia para la élite, malo, por cierto, porque tiene que agotar tres instancias para llegar a un juzgado federal. Entonces la justicia es lenta, cara y barroca y prácticamente inaccesible para la inmensa mayoría de la población. Por eso el observatorio va a poner todo su esfuerzo en las reformas locales, en cómo podemos tener propuestas que incidan en este momento en que se está derribando todo”, señaló.
“Legitimidad de Poderes Judiciales no puede provenir de las urnas”: rector de la Ibero
Al participar en el lanzamiento del Observatorio, Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana aseguró que la elección que está por llevarse a cabo pone en riesgo algunos de los pilares del Estado de Derecho.
“No exageramos en decir que estamos ante una alteración profunda y peligrosa del sistema de justicia mexicano. La legitimidad de los poderes judiciales no puede provenir solo de las urnas. Una persona juzgadora elegida por votos pierde el resguardo necesario frente a las presiones políticas y pierde también el valor que otorga la formación técnica, la trayectoria ética y la independencia frente a otros poderes.”,
Por este motivo, al recordar que antes de ser rector dirigió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como Centro Prodh, que ha acompañado casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señaló tener bastante experiencia en acompañar a gente y ver los casos de injusticia en México.
“Por lo tanto puedo dar testimonio habiendo caminado con la gente en fiscalías y juzgados de cómo nuestro problema de impunidad está más en la investigación de los delitos que en su juzgamiento, más en la justicia local que en la Suprema Corte de Justicia, más en el acceso de justicia desde abajo que en la vigilancia judicial únicamente desde arriba. No abajo, abajo están los problemas”, dijo.
¿Cuál es la diferencia entre la justicia local y la justicia federal?
Como te lo explicamos en esta nota de El Sabueso, saber la diferencia entre las funciones del Poder Judicial Federal (PJF) y las funciones de los poderes judiciales locales es fundamental frente a las próximas elecciones, debido a que cada instancia revisa casos distintos y tienen retos específicos para la impartición de justicia.
El artículo 40 constitucional establece que México está compuesto por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación.
De acuerdo con ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?, material didáctico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), eso implica que en el sistema jurídico existan leyes federales válidas en todo el país, leyes locales en las entidades y ordenamientos municipales en los municipios.
“Esto propicia que los estados puedan crear las leyes que establezcan los delitos para su estado y la federación las leyes que establecen delitos a nivel nacional. Esto trae como consecuencia que haya jueces locales para conocer de los delitos locales, y jueces federales para los delitos federales”, dijo el magistrado Juan José Olvera López en un video del Consejo de la Judicatura Federal.
De esta manera existe jurisdicción federal, que le corresponde al PJF, y la jurisdicción local, que le compete al poder judicial de cada estado. En ambos casos se trata de la función pública que tienen ciertos órganos para administrar justicia conforme a derecho y a las constituciones y leyes respectivas.
Los poderes judiciales locales, cuya configuración corresponde a cada entidad federativa, se encargan de los asuntos legales cotidianos de la ciudadanía: civiles, mercantiles, penales, laborales, agrarios, administrativos, fiscales, entre otros. Son, por decirlo de alguna forma, las primeras autoridades a las que llegan las personas cuando tienen un conflicto.
Con información de ANIMAL POLÍTICO.