El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador declara la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras obras, como de seguridad nacional y de interés público.
A través de un comunicado, el Inai advirtió que la publicación de dicho decreto viola la suspensión otorgada por el Máximo Tribunal en la controversia constitucional 217/2021, que interpuso en diciembre de 2021, para impugnar el Acuerdo del 22 de noviembre de ese mismo año, por el cual el presidente de la República declaraba como de seguridad nacional los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno Federal.
La queja se presentó después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este jueves un nuevo decreto que declara como de seguridad nacional e interés público el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y varios aeropuertos.
Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto”, señala este nuevo decreto.
Este decreto entró en vigor en el momento de su publicación en el DOF.
Esta nueva acción del gobierno mexicano se da tras la invalidación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de otro decreto presidencial, publicado en noviembre de 2021, en el que se clasificaban de igual manera las obras del gobierno mexicano como un asunto de seguridad nacional.
Fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) el que presentó en 2021 la controversia constitucional contra ese primer decreto.
Con información de López-Dóriga Digital
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