La Consejería Jurídica de la Presidencia aseguró que en caso de que se apruebe el proyecto del ministro Javier Laynez para invalidar la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convertirá “en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias”.
A través de un comunicado, la Consejería apuntó que renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas, ya que nuevamente se rehusaría a estudiar el fondo del asunto.
A través de un comunicado, la Consejería aseguró que en su proyecto de sentencia, el ministro Javier Laynez Potisek pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el Plan B electoral, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional.
“El ministro Laynez Potisek propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano”, aseguró.
Con información de López-Dóriga Digital
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