Senadores de la oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para impugnarla extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, que ascienden a poco más de 15 mil millones de pesos.
Senadores del “bloque de contención” presentaron acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que eliminó 13 fideicomisos judiciales
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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 9, 2023
Dicha acción fue recibida la tarde-noche del miércoles por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promulgó el pasado 27 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma por la que se eliminan 13 fideicomisos del Poder Judicial, que acumulan más de 15 mil millones de pesos y que deberán ser remitidos a la Tesorería de la Federación.
El dictamen “que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fideicomisos y fondos”, fue aprobado por la Cámara de Diputados hace dos semanas y enviada al Senado de la República, donde también fue aprobada la semana pasada.
La propuesta de eliminar estos fideicomisos surgió como parte de las propuestas del presidente López Obrador para reformar al Poder Judicial de la Federación.
En la reforma, se estipula que no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales al fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia que ya precisa la norma.
En los artículos transitorios se dispone que los órganos del Poder Judicial tienen 120 días hábiles para suscribir convenios de extinción o terminación de esos fideicomisos, mientras que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que se extinguen o terminan por la reforma, serán atendidas con los recursos que correspondan de los mismos fideicomisos.
También que los recursos remanentes de ellos deberán informarse a la Tesorería de la Federación en el mismo plazo de 120 días, a la que, además, deberá entregarse el recurso para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo destine a programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo federal
Con información de López-Dóriga Digital
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