En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que proponía invalidar algunas disposiciones de la reforma al Poder Judicial.
La ministra Piña tiene plan B. https://t.co/ajN7cCyr5i
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 5, 2024
Los ministros acordaron por mayoría de seis a cinco (Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán) que serían necesarios ocho votos para darle validez al proyecto del ministro Alcántara Carrancá.
Durante la discusión del proyecto, el ministro Alberto Pérez Dayán manifestó que es improcedente y “una insensatez” promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, por lo que anticipó su voto en contra del proyecto, sumándose así a las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres.
El ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, no apoya el proyecto para invalidar la reforma judicial. pic.twitter.com/FVAvWY4dTA
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Previamente, el Pleno de la Suprema Corte avaló la legitimación de los partidos políticos para impugnar la reforma al Poder Judicial.
Se emitieron 8 votos a favor y 3 en contra.
Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Corte decidió que los partidos políticos sí pueden impugnar la reforma judicial.
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El proyecto de Alcántara Carrancá proponía eliminar de la reforma la elección por voto popular de jueces y magistrados de Distrito, en tanto que se mantendrá la de ministros de la SCJN y la de magistrados electorales.
Sentimos que esa remoción masiva de jueces y magistrados afecta toda una política federal. Consideramos que no debe recortarse el salario de jueces y magistrados”, refirió el ministro González Alcántara Carrancá en entrevista con Joaquín López-Dóriga.
También busca eliminar la figura de los jueces sin rostro.
El ministro precisó que su proyecto es largo, fundado y que ofrece una alternativa distinta, de ahí que se deba analizar y discutir con calma.
Advirtió que en caso de que la resolución sea desfavorable para el Ejecutivo y el Legislativo, y que ambos poderes no acaten la sentencia, se hablará de un “rompimiento del orden constitucional” con repercusiones al interior del país y a nivel internacional.
Si en este caso hay una sentencia que no les es favorable a todo lo que piensan pues tendríamos un problema de constitucionalidad bastante fuerte, el Estado de Derecho estaría cuestionado por un sector importante de la población, pero también tendría otro tipo de repercusiones al interior del país como al exterior”, puntualizó.
Con información de López-Dóriga Digital
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