Opinión- Saber Político
En un verdadero sistema democrático, lo que no se puede perder nunca es el equilibrio entre las autoridades, y esto solo es garantizado cuando se ejerce la División de Poderes.
En pleno 2022, muchos olvidaron, o ignoraron que para proteger las libertades individuales, se requiere la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Pero, además son autónomos e independientes.
No tuvieron reparos en “satanizar” al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas, por promover una Controversia Constitucional en contra del Poder Legislativo, que aprobó recortes al presupuesto del Poder Judicial.
Y es que si bien la gobernadora propuso la reducción de 10% al gasto operativo de los órganos autónomos y los poderes, respecto al presupuesto ordinario para el 2022, como parte del Plan de Austeridad.
Los responsables de aprobar los recortes, fueron los diputados de la Décimo Séptima Legislatura en diciembre de 2022.
La Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, encabezada por el “cozumeleño” del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Renán Sánchez Tajonar aprobó la reducción presupuestal sin contemplar que el Poder Judicial ya era “austero”, carente de infraestructura, y hasta de personal.
Basta recordar las protestas en los juzgados de la Riviera Maya, donde trabajadores denunciaron que desde hace siete años, no tienen aumentos salariales, y realizan tareas como pueden, con lo que tienen, y no con lo que necesitan. Para entender que la necesidad de la controversia, no deriva de inconformidades por la “reducción” de sueldos de jueces, o magistrados.
Si no por la operación del propio sistema de justicia.
Y como no, si Quintana Roo se mantiene entre las entidades con mayor índice de feminicidios, homicidios, violaciones, abusos sexuales, robos, extorsión, entre otros crímenes.
¿Cómo pretenden garantizar el acceso a la justicia con menos recursos, y más víctimas?
Lo que debería ser reconocido como un acto de congruencia, fue calificado por los subordinados, como una “traición política”, y hasta señalado como una confrontación con la Gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa.
Sin considerar que en Quintana Roo hay más ciudadanos con sed de justicia, la cual se encarece día con día. Pero además que el Poder Judicial es un Poder, es decir, es autónomo e independiente. No es la Consejería Jurídica del Gobierno del estado.
En una entidad gobernada por un solo régimen, que el Poder Judicial emprenda acciones para subsanar sus necesidades operativas, no solo es congruente, además es sano.